El Gobierno de Gustavo Petro prepara el terreno para sepultar de una vez por todas las fumigaciones con glifosato contra los cultivos de hoja de coca, como ha prometido con insistencia el propio presidente desde la campaña que lo llevó al poder. Este miércoles se conoció el borrador del decreto de tres páginas con el que se propone tumbar la norma con la que su antecesor, Iván Duque, abría la puerta para retomar las polémicas aspersiones con este herbicida potencialmente cancerígeno.
El decreto será el punto final a una dilatada discusión que ha despertado pasiones a lo largo de los años, justo en momentos en que Petro reclama cambiar el paradigma de la fallida guerra contra las drogas. Durante su periodo, Duque marcó un regreso al prohibicionismo y argumentó con insistencia que Colombia necesitaba todas las herramientas para combatir el narcotráfico, incluido el glifosato, pero las avionetas cargadas con el herbicida nunca llegaron a despegar. Su antecesor, Juan Manuel Santos, abogó por cambiar el enfoque en la lucha global contra el tráfico de drogas –como la hace Petro ahora–, y pidió abordar el problema como un asunto de derechos humanos y salud pública.
Colombia se mantiene por mucho como el principal productor mundial de hoja de coca, la materia prima para la cocaína. El área total de cultivos se disparó de 143.000 a 204.000 hectáreas al cierre de 2021, la cifra más alta desde que se tienen registros, según el último informe anual del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci), la primera medición oficial desde que Petro llegó al poder, hace poco más de 100 días. El potencial de producción de clorhidrato de cocaína alcanzó 1.400 toneladas en esa medición, también un nuevo récord. Esas cifras sin precedentes dejaron en evidencia el fracaso de los esfuerzos de erradicación forzosa durante el cuatrienio de Duque –en detrimento de la sustitución voluntaria pactada con las comunidades de campesinos cocaleros–.
Estados Unidos, el principal socio de Bogotá en el combate al narcotráfico, ha promovido por décadas el uso del glifosato, y distintos gobiernos colombianos lo han utilizado para fumigar cultivos ilícitos desde los años ochenta. La Administración Santos suspendió las aspersiones aéreas en 2015 ante recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y un fallo de la Corte Constitucional que apelaba al principio de precaución. En otra sentencia de 2017, el alto tribunal exigió, entre otros requisitos, que las autoridades solo podían reactivar las fumigaciones si establecían con investigaciones científicas que esas aspersiones no producen daño a la salud ni al medio ambiente.
Desde que se suspendieron las fumigaciones, académicos, ambientalistas y organizaciones sociales han rechazado el uso del glifosato. El Gobierno de Duque, sin embargo, tuvo el firme propósito de retomarlas y llegó a firmar en su momento el decreto que establece las reglas de la aspersión aérea para regular “el control de riesgos para la salud y el medio ambiente”, y así cumplir con algunos de los requisitos que exigía la Corte Constitucional. Incluso compró en junio 263.000 litros del herbicida, a poco más de un mes de la posesión de Petro.
El primer presidente de izquierdas en la historia reciente de Colombia, en un evidente contraste, aboga por acabar la guerra contra las drogas. En su primer discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en septiembre, la calificó sin rodeos de fracaso y subrayó que el narcotráfico no solo es un problema de países productores, sino de naciones consumidoras como Estados Unidos. “Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas”, dijo Petro desde el atril en la sede de la ONU en Nueva York.
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Desde entonces, ha sumado apoyos para su causa. La lucha contra el narcotráfico necesita cambios profundos como los que pide Petro, apuntaron inequívocamente la semana pasada los líderes mundiales agrupados en la Comisión Global sobre Política de Drogas –a la que pertenecen, entre otras, dos expresidentes colombianos: Santos y César Gaviria–. También el Grupo de Puebla, un foro que reúne a dirigentes y expresidentes progresistas de Iberoamérica, ha abogado por descriminalizar las drogas.
El ministro de Justicia de Petro, Néstor Osuna, ha anticipado que el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC marca la hoja de ruta para una política de sustitución de cultivos. La nueva estrategia –todavía en construcción– apunta a pacificar los territorios, pero de momento no contempla legalizar el comercio y el tráfico de cocaína, ha señalado. Aunque retomar la fumigación con glifosato nunca ha estado sobre la mesa, acabar formalmente con esa posibilidad es toda una seña de la nueva era.
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