Denunció malos tratos, palizas físicas, insultos, jornadas de trabajo brutales que empezaban a las cuatro de la madrugada y terminaban a las once de la noche. Denunció también falta de comida, frío por las noches, meses de salario que nunca le pagaron, mala atención médica. María Catalina Acosta, indígena, con 80 años, denunció todo después de seis décadas empleada interna en el hogar de una familia adinerada en Naucalpan (Estado de México). Durante la pandemia sus patrones apenas la dejaban salir a la calle y cortaron casi en su totalidad la comunicación de la mujer con el exterior.
Sus familiares y el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH) hablaron de un secuestro; el 9 de noviembre consiguieron sacarla de la casa y llevarla con su sobrina, María Angelina Acosta. Allí, días después, fue entrevistada por este periódico, en el que aseguró que solo quería regresar a su tierra, en la Huasteca potosina, para olvidarse de todo. Dijo que no podía aguantar más, que “jamás iba a volver” a la casa donde estuvo empleada, que no recibiría más golpes. Sin embargo, ha vuelto a trabajar para la misma familia.
Después de irse con su sobrina, María Catalina Acosta comenzó un proceso legal contra sus antiguos patrones en el que reclamaba el dinero que le debían, 269.490,02 pesos (más de 11.000 euros), de acuerdo con los cálculos de los abogados del CACEH, que le asesoraban.
En esa cifra incluían vacaciones nunca pagadas, indemnización, prima vacacional, de antigüedad, aguinaldo y los meses de salario que le debían. Para negociar con la familia, fueron a un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. El 2 de diciembre de 2021, día de la segunda audiencia, hubo varias irregularidades, denuncia María Angelina Acosta, que también estaba presente. El abogado de las Acosta no pudo pasar, pero el de sus antiguos patrones sí.
Durante la reunión, la familia comenzó a ejercer chantaje psicológico sobre ella, explica la mujer. “El hijo le dijo que su mamá la extrañaba mucho, que la querían de regreso, y que su hermano estaba muy enfermo. Catalina me dijo, ‘este Luis [el hermano] que me pegó está diabético y muy enfermo porque me salí, está arrepentido y triste. Están preocupados por mí”.
Finalmente, la mujer accedió a volver con ellos. Pero su sobrina asegura que fue presionada, que si su abogado hubiera estado en la sala la situación hubiera sido diferente. Y que su tía sufre de esquizofrenia, además de numerosos problemas físicos derivados de 60 años de trabajo.
“Yo le dije al conciliador: ’Yo me opongo, le maltrataban, le pegaron cuando estuvo ahí, ella ya no aguantó. Me habló para que fuera a por ella, y ahora que está fuera, ¿cómo va a regresar nuevamente?, ¿cómo usted va a permitirlo?’. Tiene esquizofrenia, no está bien de sus facultades, no puede decidir por ella misma. El conciliador no me contestó y no me hizo caso, me dijo que esperara afuera”, resume María Angelina Acosta en el salón de su casa.
Cuando su tía se fue a vivir con ella, María Angelina Acosta la llevó a realizarse un examen médico, que en un primer momento acreditó que la trabajadora del hogar sufría anemia y desnutrición. La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México encargó que se le realizaran además tests psicológicos para determinar si “derivado de las amenazas de las que fue víctima por parte de Rocío V. la víctima presenta alguna afectación en su esfera psicoemocional, que atente contra la paz y seguridad de su persona”. Las pruebas, ejecutadas en la Clínica Dr. Barrios, mostraron que la mujer sufría esquizofrenia, según el informe médico al que ha tenido acceso este diario.
Nuevo intento de secuestro
Además, el día de antes de la segunda audiencia, sus antiguos patrones intentaron secuestrar a María Catalina Acosta, según sus familiares, una denuncia interpuesta ante la Fiscalía y videos grabados en el momento. Un coche apareció en la colonia en la que vive María Angelina, en las afueras de Ciudad de México, y de él bajó un hombre que agarró a María Catalina del brazo y se la trató de llevar a la fuerza. Ella forcejeó.
Se salvó porque varios vecinos acudieron al ver lo que pasaba, rodearon al hombre y consiguieron que la soltara. “Me asusté, consideré que mi vida corría peligro. El sujeto de sexo masculino que me jaló [agarró] se asustó debido a que los vecinos se concentraron, lo que impidió que me subiera a su carro”, se recoge en la denuncia, que Columna Digital ha podido consultar.
La familia a la que María Catalina denunció por secuestro y malos tratos se ha negado a responder a las preguntas de este periódico. Rocío V., una de las acusadas, se ha limitado a declarar que “todo es mentira. Deberían haber investigado más antes de publicar. Lo siento mucho, no tengo tiempo para hablar”.
Desde la Huasteca ha venido Manuel Acosta (66 años), “medio hermano” de María Catalina, y su esposa, María Concepción (62 años). “Llevamos dos años sin poder hablar con Catalina. Padece una enfermedad y nosotros la queremos cuidar. Que vuelva con nosotros allá a nuestra tierra”. Los dos son campesinos y se reconocen perdidos en este terreno, sin saber qué hacer ni a quién acudir.
Él habla para el cuello de su camisa, con un hilo de voz que cuesta escuchar, los hombros siempre encogidos sobre su cuerpo como queriendo desaparecer, las manos anudadas, el bigote de pelos finos. Cuando una respuesta se le atraganta, es ella quien llega a salvarle, con algo más de ímpetu. Sonríe y un diente de algo parecido a la plata brilla en su boca. Mira al suelo y sus sandalias revelan unas uñas con la textura y el color de la corteza de árbol, a fuerza de jornadas y jornadas cultivando la tierra.
María Angelina Acosta, Manuel Acosta y María Concepción han iniciado una pelea judicial a la desesperada para “liberar” a la empleada del hogar. Defienden que María Catalina no debería trabajar en sus condiciones, que necesita atención médica constante y que debería estar con su familia.
María Angelina también señala que desde el 2 de diciembre, los patrones de su tía han acudido a su domicilio en varias ocasiones, exigiendo que les entregaran las posesiones de María Catalina, entre ellas, los papeles de propiedad de unos terrenos que la mujer posee en la Huasteca. Hasta el momento, se ha negado a dejarlos entrar en la casa.
Marcelina Bautista, la presidenta de CACEH, explica que hay dos corrientes legales abiertas, la penal y la laboral. “Nosotras hicimos lo correspondiente a la indemnización de la parte laboral. La parte penal se estaba empezando a hacer cuando vino el intento de secuestro de ella, pero las instancias se tardan mucho, la mandan de un lado a otro”.
Un proceso lento, irregular, caro, que se aprovecha de la falta de recursos de las familias más pobres. “Extorsionan a Angelina y en su desesperación ha buscado otro abogado”, resume Bautista. El nuevo letrado ha llegado a pedir 200.000 pesos, porque “los secuestros valen mucho dinero”. Mientras, llevan más de un mes sin noticias de María Catalina, sin saber sobre su estado de salud o en qué condiciones se encuentra.
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