La Audiencia Provincial de Granada ha condenado a siete años y tres meses de prisión y a una multa de 6,1 millones de euros al ex comandante de la Guardia Civil Francisco García Santaella, de 64 años, por un delito contra la salud pública –colaborar con narcotraficantes para permitir la entrada en España de casi 4.000 kilos de hachís a través de la costa granadina– y de cohecho cometido como funcionario público, ya que recibió 120.000 euros y un vehículo de los traficantes a los que facilitó la entrada de la droga procedente de Marruecos.
La Audiencia granadina juzgó los hechos en julio de 2019
En septiembre de ese año, emitió una sentencia por la que absolvía al exmando de la Guardia Civil porque, aunque consideraba probados los hechos referidos a las drogas, los daba por prescritos. Sin embargo, en lo referente al cohecho –aceptar dinero como funcionario para realizar o permitir actividades contrarias al ejercicio de la ley o la Administración–, el tribunal consideraba que no estaba probada la contraprestación económica. Aducía para ello falta de credibilidad de quienes habían declarado haber pagado el dinero al agente, los narcotraficantes.
La Fiscalía, la defensa del agente y la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que ha ejercido la acusación particular en este proceso, recurrieron esa sentencia ante el Tribunal Supremo que, en noviembre pasado, obligó a la audiencia a volver a deliberar y emitir una nueva sentencia.
En esta segunda deliberación se ha producido la nueva condena, que reparte las penas en cinco años de prisión y seis millones de euros de multa por un delito contra la salud pública de sustancia que no causa grave daño a la salud, y dos años y tres meses de cárcel y 120.000 euros por un delito de cohecho. Esta sentencia puede ser recurrida de nuevo ante el Tribunal Supremo.
Francisco García Santaella era en 2006, año en el que se cometieron los delitos, comandante jefe de la de la policía judicial en Granada, “con funciones de dirección y coordinador del equipo delincuencia organizada y antidroga”, narran los jueces. Se considera probado que el agente acordó con dos traficantes un plan para permitir la entrada de una importante cantidad de droga a través de una playa cercana a Motril.
Tres entradas de hachís
Por otro lado, García Santaella se aseguró de hacer su truco a la vista de todos: informó a sus superiores de que había llegado a un acuerdo con unos confidentes –ahora en paradero desconocido– para permitir tres entradas de hachís. En las dos primeras, de 2.000 kilos cada una, los agentes no actuarían para permitir que los narcos se confiaran. A la tercera, sin embargo, ya sí habría incautación de estupefacientes y detenciones.
La primera operación se produjo a la vista de los guardias civiles y, como estaba previsto, no se detuvo a nadie. Ese hachís, por otro lado, se perdió y nunca fue localizado a pesar de estar supuestamente controlado por García Santaella.
La segunda operación acordada, presuntamente. Puesto que no ha podido quedar demostrado por la Guardia Civil ni los tribunales, se produjo meses después, en mayo de 2006.
Después, el comandante se vio presionado porque sus compañeros le señalaban que la tercera operación prevista no se producía. Entonces, García Santaella pergeñó, según el tribunal, una entrada de casi 4.000 kilos de hachís de “escasa calidad”, de los que sí se incautó. En este caso tampoco se produjo ninguna detención.
En su sentencia tras los recursos de apelación
El Supremo consideró, entre otras cosas, que el que se probara que el máximo responsable policial de la zona había participado en este tráfico de sustancias para ser finalmente absuelto “resulta escandaloso” y, dictó que la cantidad de droga incautada, 4.000 kilos, dotaba al delito de “especial gravedad” lo que, en la práctica, amplió el plazo de prescripción del delito hasta anular esa prescripción, lo que ha mantenido vivos los delitos y ha permitido a la Audiencia Provincial condenar a Francisco García Santaella en esta segunda revisión.
David Martín, secretario provincial de AUGC en Granada, ha mostrado su satisfacción por esta nueva sentencia y ha señalado a este diario: “Ya iba siendo hora de que se hiciera justicia. Para la asociación este es un paso más para dignificar la labor de todos los Guardias Civiles que fueron engañados por esta mando que, supuestamente, bajo la mal llamada disciplina se aprovechó de su cargo”. En un comunicado, la AUGC ha manifestado también que “se congratula por ser parte fundamental en la lucha contra la corrupción en la Guardia Civil”.
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