La UE ha puesto en marcha este domingo la Conferencia sobre el Futuro de Europa, un ejercicio de reflexión y deliberación sobre la estructura comunitaria sin precedentes por su grado de apertura a la ciudadanía. Una plataforma digital y multilingüe permitirá que toda persona que lo desee participe en los debates que se planteen o que organice su propio foro de reflexión. Las ideas recabadas alimentarán un Plenario de 376 escaños en el que, junto a políticos profesionales, se sentarán 80 ciudadanos de a pie, de los que un tercio deben ser de entre 16 y 25 años. Bruselas intenta así abrir sus complejos procesos de reforma interna a una opinión pública que, a menudo, se ha sentido como mera espectadora del complejo entramado comunitario. En ese sentido, el experimento es bienvenido y encaja con una era de democracia mucho más participativa.
Pero los riesgos de la Conferencia son incluso evidentes y el peligro de un derrape demagógico o de que los debates acaben en un callejón sin salida no se pueden minimizar. La UE no se puede permitir en estos momentos un ejercicio que acabe alimentando la frustración de una ciudadanía que, una vez invitada a pronunciarse, esperará una respuesta tangible a sus demandas. Los propios preparativos de la Conferencia no generan tranquilidad. Las instituciones involucradas en el plan (Consejo de la UE, Comisión Europea y Parlamento Europeo) han tardado meses en dirimir su batalla por el control de la Conferencia. Y la han resuelto con una dirección tricéfala y con igualdad de poderes que augura una bronca similar cuando a partir de marzo de 2022 llegue el momento de extraer conclusiones.
Uno de los grandes riesgos de la Conferencia estriba precisamente ahí: en que acabe siendo un choque típicamente bruselense en el que los ciudadanos se sientan como meras comparsas de una lucha institucional que vean como completamente ajena. Los diputados europeos y nacionales que participen en el Plenario deberían extremar el tacto para asegurar que la voz ciudadana se sienta efectivamente escuchada.
Pero con todo, el mayor peligro parece ser que los 12 meses de debate generen unas expectativas de transformación que no puedan ser colmadas políticamente por una Unión donde conviven 27 Estados con intereses y sensibilidades muy diversos. Lo más recomendable para evitar la frustración sería centrarse en reformas concretas que respondan a las demandas de una buena parte de la población a favor de una Europa más social, más respetuosa con el medio ambiente y con mayor liderazgo en la escena mundial. Como dijo el presidente francés, Emmanuel Macron, la pandemia ha demostrado que el modelo europeo de solidaridad y capital competitiva es el que mejor resiste una crisis tan grave como la provocada por la covid-19. Pero ese modelo no ha salido indemne y su apuntalamiento debería hacerse elevando a rango supranacional algunas de las políticas que garantizan el bienestar social, como la sanitaria, parte de la laboral (seguro de desempleo europeo) o la fijación de estándares mínimos de cobertura social. Las reformas institucionales que se planteen (como la posible supresión del derecho de veto nacional en algunas áreas) deben ir acompañadas de proyectos concretos a los que podrían aplicarse para que la Conferencia no acabe siendo otro cambio de la estructura sin aclarar alrededor de dónde y cómo quiere avanzar Europa.
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