Fueron 72 horas críticas para la política en Sinaloa. Desde la irrupción del gobernador electo, Rubén Rocha Moya, en la reunión del gabinete de seguridad estatal el viernes 22, hasta la deliberación sobre su segunda licencia, el panorama se tornó turbulento. Con una audacia poco común, Rocha Moya mostró una capacidad de resistencia que ya genera incertidumbre tanto en la clase política como en la sociedad.
A pesar de su insolente regreso, la respuesta de Palacio Nacional fue lenta pero decidida, mostrando una firmeza comparable a la de administraciones pasadas. Este desenlace revela un doble conflicto: la lucha interna entre bandas por el control del territorio y la política que aborda la situación desde un ángulo distante, sin llegar a soluciones concretas.
En una sesión extraordinaria de la diputación permanente, se presentó el oficio de Rocha Moya, comunicando su recuperación de funciones con una solicitud de licencia temporal e indefinida, que fue aprobada 26 horas después. Sin tiempo para dilaciones, a las 11:25 horas de ese mismo día, se otorgó por unanimidad la petición del político, quien ahora enfrenta la inminente elección de un nuevo gobernador provisional que intervendrá en los 15 meses restantes del sexenio.
La Diputación Permanente, evitando nombrar de inmediato un sustituto, ha optado por convocar a un nuevo periodo extraordinario, lo que conlleva el peligro de una crisis constitucional, dejando a Sinaloa sin liderazgo efectivo durante más de 24 horas. Según el artículo 59 de la Constitución de Sinaloa, corresponde a la diputación permanente designar un ejecutivo provisional en tales situaciones y convocar a sesiones extraordinarias para la elección formal de un nuevo gobernador.
El cuadro se complica aún más por la incertidumbre en torno a la aplicación del artículo 60 de la misma constitución, que establece que si no se puede designar un nuevo gobernador, asumirá temporalmente el presidente del Tribunal Supremo de Justicia del estado. En este contexto, los magistrados respaldaron a Rocha Moya en su intento de retener el poder, lo que sugiere que el nuevo gobernador también tenderá a favorecer a los rochistas, como hizo la interina Yeraldine Bonilla Valverde.
En el fondo de esta compleja situación, se percibe un control persistente. Rocha Moya, durante su licencia anterior, no se alejó del manejo del gobierno; Enrique Insunza actuó en su representación, sugiriendo que el poder sigue en manos de quienes lo han ejercido antes. Así, el senador Ignacio Mier, delegado especial de la dirigencia morenista, pudo haber tenido suficiente información sobre la inminente crisis, lo que plantea interrogantes sobre la transparencia en la comunicación con el entorno del gobierno federal.
A pesar de sus intentos por reivindicarse, Rocha Moya se enfrenta a una seria falta de rendición de cuentas bajo la Constitución local, lo que le permite evadir un juicio político por actos que, potencialmente, sí justifican su enjuiciamiento.
Este acto de inercia y falta de claridad en la gobernanza en Sinaloa no solo resalta la fragilidad del sistema político, sino que también refleja una sociedad que, a medida que se inicia un nuevo capítulo en esta historia, permanece a la espera de líderes que, quizás, prioricen el bienestar común sobre intereses facciosos.
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