La reciente propuesta legislativa en España ha generado un amplio debate y grandes preocupaciones en torno a las fuentes de información que nutren a la Administración Pública en la lucha contra delitos graves como el blanqueo de capitales y la corrupción. En los últimos años, herramientas como el Índice Único Notarial y la Base de Datos de Titularidad Real han desempeñado un papel fundamental en la prevención del delito, con más de 400.000 consultas realizadas por instituciones como el Ministerio Fiscal y la UCO. Sin embargo, esta iniciativa legislativa parece poner en riesgo la eficacia de ese sistema.
Con la sustitución del modelo notarial por uno registral, como se ha ensayado en Polonia, se plantea una traba significativa al mercado. La experiencia polaca, en la que el tráfico mercantil se ha visto sido contaminado por mafias, subraya lo arriesgado de este cambio. La preocupación principal radica en que el control posterior del Registro Mercantil no solo se vuelve ineficaz, sino que desafía la esencia misma de la propiedad privada reconocida en la Constitución.
Los efectos inmediatos de esta propuesta se perciben en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, que se enfrentarían a cargas administrativas crecientes. En este marco, la entrada en vigor de una autorización administrativa para cualquier negocio jurídico no solo introduce una burocracia innecesaria, sino que también constriñe la agilidad que las sociedades necesitan para operar eficientemente.
Desde un enfoque macroeconómico, la propuesta puede resultar perjudicial para la inversión extranjera en España. La incertidumbre sobre la seguridad jurídica es un desincentivador notable para los inversores que buscan un entorno de confianza. Al eliminar un sistema de control base como el notarial, se podría abrir la puerta a estructuras societarias opacas, favorecidas por redes criminales.
Este Anteproyecto ha generado el rechazo de diversos organismos, incluyendo el Consejo General del Poder Judicial y el Colegio de Abogados de Madrid, lo que indica un consenso amplio sobre las repercusiones negativas que acarrearía. Resulta curioso que surja de un Ministerio que no es el de Justicia y que, además, se asocie con casos de corrupción como Gürtel y Plus Ultra, los cuales tuvieron acceso a información cualificada a través de la vía notarial.
La pregunta que queda abierta es por qué, ante un sistema que ha sido ejemplar en la lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción, se esté impulsando un cambio tan radical. Los orígenes del Anteproyecto, vinculados a la administración tributaria y a una memoria económica que se sospecha errónea, suscitan dudas sobre la verdadera motivación detrás de esta reforma.
La discusión está en la mesa, y las implicaciones de este cambio en la estructura notarial y registral de España podrían ser de gran envergadura. Es vital que se mantenga un debate informado y transparente para no comprometer el tejido jurídico y económico que sustenta a la sociedad.
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