Las conexiones entre empresas y el entorno político en Quintana Roo han revelado una serie de irregularidades en la adjudicación de contratos públicos, lo que plantea serias preocupaciones sobre la transparencia y la integridad en la gestión de obras. Investigaciones recientes han señalado a "Tabasco Capital" como una pieza clave en un entramado de corrupción que involucra a empresas vinculadas al huachicol, la práctica de robar combustibles de ductos de Pemex.
Desde el inicio del gobierno de Mara Lezama, las alcaldías bajo la dirección del Partido Verde y de Morena han otorgado contratos para obras esenciales, que van desde el alumbrado público hasta la construcción de escuelas. Sin embargo, una investigación ha encontrado vínculos alarmantes entre estas contrataciones y empresas que han sido señaladas como operadoras de actividades ilícitas. Las actas mercantiles y documentos oficiales revelan que "Tabasco Capital" tiene conexiones directas con Construindustrial y de Servicios SIMMA, entre otras. Las evidencias incluyen domicilios y administradores compartidos, lo que sugiere una red de empresas que compiten entre sí mientras están entrelazadas.
Un jusgado en Querétaro llevó a cabo un cateo el 22 de febrero de 2025, asegurando documentación de "Tabasco Capital", identificada por la Fiscalía General de la República (FGR) como una entidad utilizada para facturar productos obtenidos de manera ilícita. Este seguimiento documental ha encontrado transferencias de "Tabasco Capital" a Jacobo Reyes León, conocido como "El Yeicob", quien es considerado un operador significativo dentro de la red de huachicol que está vinculada con Rocha Cantú.
En un aspecto que resalta la falta de transparencia, SIMMA, una de las empresas investigadas, fue adjudicada una licitación en noviembre de 2023 para obras en Quintana Roo, utilizando un domicilio que coincide con el de "Tabasco Capital". Este lugar ha sido señalado como un punto central en la red de empresas vinculadas al tráfico ilegal de combustibles. El actual titular de la Secretaría de Obras Públicas, José "Pepe" Lara Díaz, se autodenomina como "El Arquitecto de la Transformación en QR", aunque su gestión ha sido cuestionada por estos vínculos oscuros.
El entramado se complica aún más con la figura de Daniel de la Flor López, quien es el accionista mayoritario de "Tabasco Capital" y que ha estado a la cabeza de otras empresas vinculadas a licitaciones públicas. Su conexión con Adrián León Ayala, exgerente de SIMMA y primer administrador de "Tabasco Capital", es un claro indicio de los lazos intrincados entre estas compañías.
Particularmente preocupantes son los contratos otorgados a SIMMA, que ha concentrado la mayor cantidad de adjudicaciones en Quintana Roo. Desde la ampliación del Parque de las Palapas en Cancún —inicialmente valorada en 26.5 millones de pesos y que terminó costando más de 44 millones— hasta la rehabilitación de parques en Playa del Carmen, el volumen de recursos implicados es significativo. Además, SIMMA ha mantenido relaciones comerciales con empresas que han sido investigadas por su participación en el huachicol, lo que complica aún más su legitimidad.
La situación en Quintana Roo es un recordatorio del papel que juega la transparencia en la administración pública. Con evidencias acumulándose y conexiones entre empresas y bandas delictivas, es imperativo que las autoridades tomen medidas decisivas para restablecer la confianza en la gestión de recursos públicos. Las investigaciones deben continuar, y la rendición de cuentas será esencial para garantizar que los ciudadanos tengan acceso a un gobierno que actúe en su mejor interés.
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Datos basados en información reportada originalmente por reforma.com.






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