En un entramado de corrupción que involucra a obras públicas en Quintana Roo, se revela una red compleja de empresas que opera en la penumbra, vinculadas a prácticas ilícitas y al tráfico de combustibles. Los contratos adjudicados durante la administración de Mara Lezama, en particular, han sido objeto de investigación por parte de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que ha destapado conexiones alarmantes entre varias empresas y un esquema de facturación fraudulentas.
Los contratos en cuestión, bajo la gestión de alcaldías del Partido Verde y Morena, se destinaron a obras de alumbrado público, señalización, parques, canchas, y mejoras en escuelas. Esta serie de adjudicaciones fue facilitada por “Tabasco Capital”, una empresa identificada por la Fiscalía General de la República (FGR) como un instrumento para facturar productos obtenidos de manera ilegal. Documentos oficiales muestran que esta empresa comparte socios y administradores con otras entidades como Construindustrial y de Servicios SIMMA y Construservicios ESL, las cuales han ganado contratos para proyectos en la región.
Un hallazgo crítico en la investigación se realizó el 22 de febrero de 2025, cuando agentes de la FGR encontraron documentación de “Tabasco Capital” durante un cateo en Querétaro. Esta empresa está relacionada con el huachicol, un fenómeno que ha cobrado relevancia en el país, vinculado al tráfico de combustibles. Jacobo Reyes León, conocido como “El Yeicob”, uno de los operadores de la red de huachicol asociada a Rocha Cantú, recibió transferencias de “Tabasco Capital”, evidenciando la conexión entre las obras públicas y el crimen organizado.
En un contexto que resalta la falta de transparencia en la asignación de contratos, la Secretaría de Obras Públicas de Quintana Roo se encuentra bajo la dirección de José “Pepe” Lara Díaz, quien se autonombró “El Arquitecto de la Transformación en QR”. Curiosamente, “Pepe” Lara fue titular del Instituto de Infraestructura Educativa al inicio del gobierno de Lezama, sugiriendo una continuidad en la gestión de obras públicas que ahora son objeto de escrutinio.
El vínculo entre las empresas involucradas se intensifica a medida que se investiga la participación de Construservicios ESL, Constructora 112029 y SIMMA en la licitación para el desarrollo del corredor del Malecón de la laguna de Cobá en Tulum. Aunque debían competir por el mismo contrato, sus domicilios y vínculos personales revelan una alianza tácita que cuestiona la integridad del proceso de licitación.
Los montos de las obras también generan inquietud. Por ejemplo, SIMMA firmó en noviembre de 2023 un contrato cuyo costo original era de 26.5 millones de pesos para la ampliación y renovación del Parque de las Palapas en Cancún, cifra que “voló” por encima de los 44 millones. Este tipo de incrementos en costos señala un patrón que podría desviar recursos públicos en beneficio de una red de negocios cada vez más interconectada.
La investigación también amplía el radar hacia Comercializadora Mexqro, que comparte vínculos con estas empresas, incorporando a personajes clave en la trama de huachicol. En particular, la figura de Daniel de la Flor López, accionista mayoritario de “Tabasco Capital” y exlíder de Construservicios ESL, subraya la cercanía entre las entidades relacionadas.
A medida que se desarrollan estos acontecimientos, es crucial que los ciudadanos permanezcan informados y demanden responsabilidad a sus autoridades. La lucha contra la corrupción y la impunidad no solo es esencial para la integridad de las instituciones, sino que también es fundamental para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera efectiva y beneficiosa. Con el año 2026 en el horizonte, el desafío persistente es asegurar que las prácticas corruptas no se repitan, ya que su erradicación es fundamental para el bienestar de todos los ciudadanos de Quintana Roo.
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