En septiembre de 2023, Almoloya de Juárez fue catalogado como un municipio de alta prioridad en el Estado de México, no por su relevancia económica o demográfica, sino por su alarmante posición en la lista de los 15 municipios más inseguros del país. Este hecho subraya uno de los principales desafíos que enfrenta la administración de Delfina Gómez al inicio de su sexenio.
Después de siete cuatrimestres, Almoloya ha registrado una leve disminución en la percepción de inseguridad; sin embargo, otros municipios críticos, como Atizapán de Zaragoza y Ecatepec, no han visto mejoras. En la categoría de “municipios emergentes”, los datos son preocupantes: Metepec, Nezahualcóyotl y San Mateo Atenco reportan incrementos en las tasas de inseguridad.
La inseguridad se ha consolidado como la principal causa del descontento popular contra los gobiernos de la Cuarta Transformación en el Estado de México. Asimismo, un problema recurrente durante los primeros siete trimestres de la administración se relaciona con el estado de las vialidades. Los baches en calles y avenidas continúan siendo uno de los temas más señalados por los ciudadanos.
A lo largo de su mandato, Delfina Gómez ha delegado la resolución de estos problemas en Mario Ariel Juárez, un exdiputado cercano a su partido. A pesar de que la Junta de Caminos del Estado de México gestiona un presupuesto superior a los 1,000 millones de pesos anuales, el mantenimiento de las vías ha mostrado resultados casi nulos, lo que ha impulsado un reclamo directo desde el gobierno central: “No han hecho nada”, fue la contundente afirmación del presidente.
El descontento reflejado en la Encuesta Nacional sobre Seguridad Urbana es evidente, con más del 88% de los ciudadanos en Toluca y Ecatepec señalando los baches como un problema significativo. Este deterioro en la infraestructura vial, que se había agravado desde administraciones anteriores, plantea un reto arduo para la gobernadora.
Ante esta situación, se han tomado medidas para reconfigurar la gestión de los recursos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha instruido a Delfina Gómez a que los municipios del oriente mexiquense recibirán fondos federales directamente para mejorar las vialidades. Además, se ha anunciado que las autoridades federales entregarán maquinaria a los municipios para facilitar estos trabajos.
La participación de los alcaldes en las mesas de seguridad se ha convertido en un requisito, con reuniones programadas al menos dos veces al mes. En el horizonte, se perfilan posibles reclamaciones relacionadas con la reciente elección judicial de Héctor Macedo García como presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Para el año 2025, el Presupuesto de Egresos contempla 30,476 millones de pesos para la conservación de la red carretera. Simultáneamente, el programa Bacheton ha identificado 288,694 baches en una extensa red de 45,903 kilómetros de carreteras a nivel nacional.
Por primera vez, la federación intervendrá directo en la obra pública municipal, lo cual representa un cambio significativo en la dinámica de financiamiento, con recursos que se dispersarán en 16 estados, buscando restaurar hasta 817 kilómetros de vías de peaje para finales de 2025.
Mientras tanto, Hacienda ha recuperado 11,000 millones de pesos, de los cuales, más de la mitad se han destina a la Secretaría de la Defensa Nacional para reparar tramos carreteros afectados por el Tren Maya. Sin embargo, se carece de transparencia sobre el uso de estos recursos, especialmente en el sur y sureste del país, generando interrogantes sobre la rendición de cuentas de estos proyectos.
La situación en el Estado de México sigue siendo un claro ejemplo de los retos que enfrenta la administración local y la urgencia de solucionar problemas esenciales para el bienestar de sus ciudadanos.
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