Los bloqueos a vialidades clave, carreteras federales, casetas de peaje y calles en ciudades se han convertido en herramientas usualmente empleadas por organizaciones políticas y sociales en México. Lo que en otras democracias se califica como inaceptable, en el contexto mexicano es una práctica recurrente y tolerada.
Recientemente, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha llevado a cabo acciones que incluyen el cierre del acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el cerco a Palacio Nacional y ataques a edificios como la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Secretaría de Gobernación. En la Ciudad de México, las pérdidas económicas derivadas de estas protestas superan los 122 millones de pesos. Sin embargo, el impacto más significativo lo sufren los ciudadanos comunes, quienes ven limitada su libertad de tránsito y su derecho al trabajo, mientras que miles de niños afectados no reciben la educación garantizada por la Constitución.
El gobierno federal ha respondido ante estas situaciones con una postura de diálogo y paciencia, argumentando la necesidad de respetar los derechos de manifestación y libre expresión. Sin embargo, esta estrategia puede ignorar las necesidades de la mayoría. Cuando las protestas paralizan áreas de la ciudad, son los trabajadores quienes enfrentan retrasos, los comercios que pierden clientes, y los pacientes que no pueden recibir atención médica.
Las demandas de la CNTE incluyen la abrogación de la Ley del ISSSTE, la eliminación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el cálculo de pensiones y un aumento salarial del 100%, puntos que el gobierno no puede acceder a conceder.
Existen varias razones que explican la normalización de estas acciones disruptivas en el país. En primer lugar, la falta de un marco legal claro que permita al Estado actuar decididamente sin violar derechos, ya que el Código Penal Federal sí sanciona la obstrucción de vías, pero rara vez se aplica. En segundo lugar, la CNTE ejerce un poder de presión real que puede llevar a colapsar ciudades para forzar negociaciones. En tercer lugar, la memoria de represiones pasadas desincentiva el uso de la fuerza, aunque esta sea justificada. Por último, la protesta radical ha encontrado legitimidad cultural en sectores que la ven como una forma de reparación histórica.
En México, los bloqueos pueden extenderse por semanas o incluso meses sin consecuencias. Los gobiernos, en particular aquellos surgidos del partido Morena, han evitado la intervención, temerosos de ocupar una imagen represiva, especialmente tras eventos como los bloqueos de 2006, que paralizaron la ciudad y costaron vidas y miles de millones de pesos. El recuerdo de esos eventos provoca que muchos en el actual gobierno, incluidos aquellos que participaron en protestas, sientan que no pueden exigir orden sin ser vistos como incoherentes.
Los funcionarios en el gobierno de Morena enfrentan una decisión crucial: seguir siendo parte de un movimiento o asumir las responsabilidades del gobierno. Gobernar implica tomar decisiones difíciles, establecer reglas y hacerlas cumplir, incluso ante aliados. La garantía del orden público no debe ser vista como autoritarismo, sino como un deber de proteger los derechos de todos los ciudadanos. Permitir el caos no es gobernar; es abdicar de esa responsabilidad.
Esta reflexión sobre la situación actual en México resalta la compleja interacción entre derechos, protestas y el papel del gobierno, elementos que continúan moldeando la realidad social del país.
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