Control y autogobierno en CERESOS y CEFERESOS siguen sin resolverse

Cada vez que ocurre un motín en un centro penitenciario, las autoridades siguen un patrón predecible: emitir un comunicado, trasladar a los líderes, realizar revisiones y decomisar objetos prohibidos, para luego asegurar que se ha recuperado el control. Sin embargo, con el paso de las semanas, la situación regresa a la normalidad, donde el control no se recupera de forma inmediata sino que se ejerce o se pierde diariamente.

El control dentro de los penales comienza en la puerta, y un Estado que no decide quién entra, dónde duerme cada interno o quién impone reglas dentro de sus muros no tiene un monopolio real, sino solo la apariencia de control. Incidentes como los ocurridos en Apodaca en 2012, Topo Chico en 2016 y el ataque al Cereso 3 de Ciudad Juárez en enero de 2023 son consecuencias de un abandono prolongado.

El autogobierno dentro de los penales, con cuotas, tiendas internas y zonas privilegiadas, no existiría sin la complicidad, ya sea activa o pasiva, de los custodios. Los gobiernos estatales han sido omisos, especialmente en los centros locales, donde reside gran parte de la población privada de la libertad y que recibe poca atención política.

Las respuestas oficiales suelen limitarse a rotaciones de internos, la eliminación de líderes y declaraciones que reconocen el problema sin resolverlo. Cada líder removido es rápidamente reemplazado, manteniendo intacto un sistema que genera liderazgos criminales.

Una cuestión que no ha sido respondida por autoridades federales ni estatales es si cuentan con el personal adecuado para custodiar los penales. El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH ha señalado reiteradas deficiencias en personal, capacitación e infraestructura. Los custodios ganan poco, trabajan sin protección y conviven en los mismos barrios que las familias de los internos, lo que los hace vulnerables a la corrupción.

Se requiere un servicio penitenciario profesional que incluya evaluaciones de confianza permanentes, formación en derechos humanos y seguridad, carrera con ascensos por mérito, rotación obligatoria de directivos y áreas sensibles, así como salarios y seguros comparables a los de la policía estatal. Aunque la Ley Nacional de Ejecución Penal ordena estas medidas, en la práctica son letra muerta.

En cuanto a la reinserción, el artículo 18 constitucional establece que el sistema penitenciario debe basarse en trabajo, capacitación, educación, salud y deporte. Sin embargo, en la mayoría de los centros estatales prevalecen el hacinamiento, el ocio forzado y una economía interna dominada por el mercado ilegal. Esto convierte a las prisiones en lugares donde los delincuentes se especializan en sus actividades criminales.

La alternativa propuesta incluye clasificación por riesgo desde el ingreso, separación efectiva entre procesados y sentenciados, así como entre delincuencia organizada y población común, planes individualizados de actividades, trabajo remunerado con empresas y seguimiento postpenitenciario. Sin empleo ni apoyo familiar, la reinserción queda solo como una promesa de campaña.

El uso extendido de la prisión preventiva oficiosa, ampliada en 2019 y 2024, contradice la lógica del sistema penal acusatorio, que la concibió como una excepción. En 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que esta figura y el arraigo son incompatibles con la Convención Americana. A pesar de esto, el Estado mexicano amplió su aplicación, lo que ha provocado que las cárceles se llenen de personas sin sentencia, dificultando la clasificación y mezclando a procesados con sentenciados.

La construcción de más cárceles sin modificar el modelo actual solo multiplicará los problemas existentes. Un penal nuevo sin custodios capacitados, sin clasificación y sin presupuesto adecuado se corrompe en poco tiempo. Antes de iniciar obras, cada entidad debería someterse a una auditoría pública que evalúe capacidad, sobrepoblación, control interno, ingresos ilegales, plantilla y condiciones laborales. Sin un diagnóstico previo, la construcción es solo una escenografía.

En cuanto a la privatización, se aclara que servicios como alimentación, mantenimiento y salud pueden contratarse con indicadores y sanciones, pero la custodia, el uso de la fuerza y la disciplina son funciones que el Estado no puede delegar. México ya ha probado esquemas público-privados en prisiones federales sin una evaluación honesta. La experiencia internacional muestra que delegar sin supervisar implica riesgos graves, como ocurrió en Manaus, Brasil, en 2017.

Entre las medidas necesarias están la auditoría nacional y estatal con resultados públicos, un servicio penitenciario profesional con carrera y protección, clasificación objetiva desde el ingreso, reducción de la prisión preventiva oficiosa, control tecnológico de ingresos y presupuesto etiquetado para la reinserción con metas verificables. También se exige rendición de cuentas ante los congresos locales y supervisión real por parte de comisiones de derechos humanos, academia y sociedad civil.

La soberanía en los penales no se decreta ni se anuncia, sino que se demuestra con acciones concretas y transparencia. Mientras esto no suceda, el control seguirá siendo una ilusión y los muros tendrán dueños distintos a las autoridades oficiales.