La Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá un proyecto elaborado por la ministra Estela Ríos González que busca eximir de responsabilidad al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal por no haber emitido una ley ni asignado presupuesto para atender a las víctimas de desplazamiento forzado interno.
El Consejo Nacional de Litigio Estratégico promovió un juicio de amparo para responsabilizar a estas instituciones, así como a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda, por la ausencia de mecanismos para la protección y atención de las víctimas. La Suprema Corte atrajo el caso y debe pronunciarse sobre la demanda.
En el proyecto, la ministra Ríos reconoce la existencia del desplazamiento forzado interno y lo define como las personas que han tenido que abandonar sus hogares debido a conflictos armados, violencia o desastres naturales. Sin embargo, sostiene que "no existe precepto constitucional o convencional que pueda determinar, material o formalmente, de manera concreta y precisa las facultades y competencias que obliguen al Congreso de la Unión a legislar en materia de desplazamiento forzado interno".
Respecto a las omisiones atribuidas al Poder Ejecutivo Federal, el proyecto llega a la misma conclusión y señala que diversas autoridades del Estado mexicano ya han reconocido y atendido este fenómeno, sin que exista una obligación de legislar al respecto. Por ello, propone negar el amparo y descartar la omisión reclamada.
El Consejo Nacional de Litigio Estratégico pidió a la Suprema Corte que no apruebe el proyecto en sus términos y que reconozca las obligaciones del Estado para atender el desplazamiento forzado interno. En un comunicado, solicitó garantizar la protección efectiva de las víctimas y afirmó que "una Corte cercana al pueblo no se define por su discurso, sino por sus decisiones cuando las víctimas acuden en busca de justicia (...) Todavía está a tiempo de abrir la puerta".
La organización advirtió que está en juego más que este caso y recordó a las y los ministros que con este amparo tienen la oportunidad de reconocer la responsabilidad del Estado y establecer una respuesta integral ante la crisis. Indicó que la ausencia de una ley federal, una entidad responsable y un presupuesto destinado impide que las personas desplazadas cuenten con un sistema que asegure su reconocimiento como víctimas, así como la atención y los apoyos necesarios para reconstruir sus vidas o regresar a sus comunidades en condiciones seguras.
Finalmente, el Consejo subrayó que reconocer los derechos de las personas desplazadas y negar la obligación de legislar es una paradoja que podría perpetuar la falta de una respuesta integral del Estado.
Datos basados en información reportada originalmente por politica.expansion.mx.
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