Coparmex advierte sobre impactos sin flexibilidad.

La reciente discusión en torno a la reducción de la jornada laboral ha captado la atención de diversos sectores en México, especialmente en el contexto de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Este organismo advirtió que, si el Congreso de la Unión no considera la implementación de regímenes especiales y mecanismos de flexibilidad por sector e industria, podría haber un aumento en la informalidad y un incremento en los precios al consumidor.

El sector patronal propuso la necesidad de establecer modelos flexibles que incluyan jornadas semanales, quincenales y estrategias adaptadas a las particularidades de cada industria. La Coparmex enfatizó que la ausencia de tales consideraciones podría generar un aumento de costos en las empresas, repercutiendo directamente en los precios de bienes y servicios, con un impacto negativo para los consumidores.

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Un caso ejemplar citado fue el de Chile, que en 2023 adoptó una reforma gradual para reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales en un periodo de cinco años, permitiendo a las empresas adaptar sus horarios de trabajo. Este modelo demuestra que los cambios efectivos suelen ir acompañados de políticas de productividad y capacitación.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) también ha brindado pautas, destacando la importancia de una reducción gradual que no comprometa los ingresos de los trabajadores, apoye a sectores vulnerables y logre un balance entre el bienestar de los empleados y la sostenibilidad económica. En este sentido, la Coparmex sugirió que México busque desarrollar su propio enfoque, reconociendo la diversidad de su producción y diseñando un modelo flexible que proteja el empleo formal.

El organismo refirió que cualquier reforma de tal magnitud necesita una estrategia basada en evidencia y aplicada de manera gradual, comenzando por los sectores más propensos a beneficiarse de este cambio, y realizando evaluaciones periódicas de su impacto. Adicionalmente, se deben considerar regímenes especiales para sectores que requieren operaciones continuas, como la minería y la logística, donde las jornadas prolongadas son fundamentales.

Para facilitar esta transición hacia una jornada laboral reducida sin comprometer los salarios de los trabajadores ni adicionar carga a las empresas, la Coparmex propuso dos medidas clave: la deducibilidad total de las prestaciones laborales y una revisión de los esquemas del Impuesto sobre la Renta (ISR) y subsidios al empleo.

Estas propuestas no solo buscan aumentar la formalidad en el empleo, sino que también tienen como objetivo proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, asegurando la sostenibilidad financiera de las unidades productivas. La Coparmex concluyó que la falta de un enfoque flexible podría acarrear graves consecuencias, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), donde más de 7.3 millones de personas laboran más de 40 horas semanales.

A medida que el debate avanza, es esencial que cualquier transición considere las realidades estructurales del país, evitando una implementación que pueda resultar en informalidad o en condiciones laborales deterioradas. La fecha de publicación original de esta información es el 30 de junio de 2025.

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