La extorsión en México ha alcanzado niveles alarmantes, poniendo de rodillas a muchos empresarios en el país. Este preocupante panorama fue resaltado por la Confederación Patronal de la República Mexicana, que instó al gobierno de Claudia Sheinbaum a considerar el tema como una prioridad nacional. Durante el año 2025, el fenómeno de la extorsión creció en 20 de las 32 entidades del país, evidenciando un problema que se expande por casi dos tercios del territorio nacional.
El informe detalla que, a nivel estatal, la extorsión muestra una concentración crítica. Cinco estados —Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz— concentran el 65.2% de las víctimas. En conjunto, las diez entidades con mayor número de víctimas representan el 81.0% del total nacional. Este incremento no solo es preocupante desde el punto de vista de la seguridad, sino que también se ha convertido en uno de los costos más persistentes y dañinos para la actividad empresarial en México.
La extorsión se ha transformado en una presión constante que afecta significativamente las decisiones de inversión, eleva los costos operativos y limita la capacidad de crecimiento de las empresas, sobre todo en regiones específicas. En comparación con 2015, el número anual de víctimas ha pasado de 6,223 a 11,081, un incremento del 78.1% en una década que erosiona la actividad económica local.
Al analizar la tasa de víctimas por cada 100,000 habitantes, se observa una fuerte concentración territorial: Guanajuato aporta ocho municipios a los 20 con los niveles más altos del país, mientras que la Ciudad de México concentra cuatro y Nuevo León dos. Esta disparidad pone de manifiesto cómo la efectividad de las estrategias locales influye en el control del delito, y la falta de acciones contundentes permite que la extorsión se expanda rápidamente.
Ante esta grave situación, es fundamental que la extorsión sea considerada como una prioridad nacional de política pública. Aunque la aprobación de la Ley General para combatir este fenómeno es un avance, es esencial que los gobiernos locales implementen unidades especializadas en las Fiscalías Estatales para abordar este delito complejo.
Los empresarios han enfatizado la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho y garantizar una seguridad efectiva. Combatir inteligentemente a los grupos que operan al margen de la ley es vital para proteger la inversión y preservar empleos formales, asegurando que las empresas puedan operar sin coerción.
En resumen, la extorsión se ha convertido en un problema sistémico que requiere una respuesta urgente y coordinada por parte de las autoridades. Solo a través de esfuerzos concertados se podrá restaurar la confianza en el sector empresarial y fomentar un entorno en el que la inversión y el crecimiento económico sean posibles. La situación es insostenible y demanda acciones inmediatas.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
