La extorsión se ha convertido en una sombra que acecha a miles de empresarios en México. En el contexto actual, Juan José Sierra, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), denuncia que este delito ha crecido notablemente en los últimos años y ha puesto de rodillas a la micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme). Este fenómeno no solo afecta el patrimonio de los empresarios, sino que también limita el desarrollo económico del país.
Sierra señala que, alarmantemente, en algunas ciudades y estados, las propias autoridades se convierten en los mayores extorsionadores, en un escenario donde el cumplimiento de la ley se transforma en una herramienta de coerción y abuso. Durante el cambio de dirigencia de Coparmex Jalisco, el líder empresarial enfatizó la urgencia de armonizar la Ley General de Castigo a la Extorsión en todo el país, resaltando que sin una legislatura coherente, los estados quedan desprovistos de herramientas adecuadas para perseguir este delito.
El problema de la extorsión está intrínsecamente ligado a otros delitos, incluyendo el cobro de piso, lo que genera un clima de inseguridad que inquieta a los emprendedores. Para combatir esta problemática, Sierra aboga por la creación de fiscalías especializadas en extorsión, equipadas con personal capacitado, ya que la denuncia por parte de la sociedad civil es crucial en la recolección de datos y en la lucha contra este delito.
De acuerdo con los datos de Coparmex, uno de cada dos empresarios ha sido víctima de al menos un delito, lo que invita a una reflexión profunda sobre el costo elevado de la seguridad. En este sentido, Sierra aporta una cifra significativa: los empresarios en México destinan un 20% de sus recursos para mitigar los efectos de la inseguridad a través de la contratación de guardias y sistemas de vigilancia. Este gasto adicional no solo frena la expansión de sus empresas, sino que también limita la mejora de las condiciones laborales de sus colaboradores.
La falta de seguridad se erige como un obstáculo claro en el camino hacia el desarrollo económico. La necesidad de inversión en seguridad, aunque ineludible, distrae recursos que bien podrían ser utilizados para ampliar la productividad y optimizar el entorno laboral. De este modo, la preocupación por la extorsión se convierte no solo en una cuestión de seguridad, sino también en un desafío crucial para el crecimiento sostenible de las Mipymes en México.
Con un entorno tan complicado, es vital que tanto las autoridades como la sociedad civil se unan en la lucha contra la extorsión y sus ramificaciones en el ámbito empresarial. La armonización de las leyes, la creación de mecanismos efectivos de denuncia y la atención a las inquietudes de los empresarios son pasos necesarios para transformar esta situación y permitir el florecimiento de un sector empresarial que es esencial para el futuro económico del país.
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