La pandemia ha puesto bajo máxima presión al sistema sanitario argentino. La escasez de camas en terapia intensiva para pacientes de covid-19 ha obligado a una coordinación sin precedentes entre centros públicos y privados, el personal sanitario está exhausto y el costo de los insumos médicos se ha disparado. El pasado febrero, además, el escándalo de un ‘vacunatorio VIP’ contra la covid-19 que funcionaba en el ministerio de Salud visibilizó un problema de desigualdad en el acceso a la atención médica. En este escenario, y con la pandemia en el centro de la agenda mediática, la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha reflotado esta semana la necesidad de una reforma sanitaria para integrar uno de los sistemas más fragmentados de América Latina.
En Argentina, la cobertura de la sanidad pública es universal. Cualquier persona que concurre a un centro de salud es atendido de forma gratuita, incluso sin ser residente. Aún así, solo el 36% de la población utiliza el sistema público. La mayoría —el 47%— utiliza las llamadas obras sociales, un sistema que se financia con parte del salario de los empelados en relación de dependencia y está administrado por los sindicatos. Otro 15% de la población paga un seguro privado, conocido como prepaga, ya sea íntegro de su propio bolsillo o abonando la diferencia al aporte que realizan a la obra social.
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A cinco meses de las elecciones legislativas y en medio de la segunda ola por la pandemia de coronavirus, no parece que hubiese margen para encarar una reforma de semejante magnitud. Pero el martes, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, confirmó la existencia de reuniones con obras sociales y seguros privados para analizar posibles cambios, mientras que líderes de prestadores de medicina prepaga arremetieron contra el Gobierno. Y hablaron de un plan oculto que solo busca la nacionalización del sistema privado de salud, aquel que atiende al 15% de la población más pudiente.
Auge de las desigualdades
Sin embargo, los recursos económicos no son el único obstáculo. Los expertos destacan la gran ineficiencia de un sistema tan atomizado, en el que conviven un sistema público con casi 300 obras sociales y un centenar de empresas de medicina prepaga. Además, la excesiva burocracia desespera a muchos argentinos. “Vemos todos los días que en el sistema de salud la atención que recibe una persona depende de su cobertura médica, de dónde vive, de los recursos que puede movilizar para hacerse atender, de los contactos que tiene y de que sepa cómo y dónde moverse”, dice Matías Ballesteros, doctor en Ciencias Sociales y especialista en sociología de la salud.
“Lo que hizo la pandemia fue visualizar esto y la gente salió a decir que no es justo, como se pudo ver muy claramente con las vacunas y con la disponibilidad de camas en terapia intensiva. Pero pasa también con otros temas, como la falta de insumos básicos. Por ejemplo, está habiendo problemas con la entrega de insulina en los centros de salud primaria”, agrega.
