Entre tanta incertidumbre provocada por la covid-19, ya hay una certeza: la pandemia profundizó los niveles de pobreza de niños, niñas y adolescentes. Esto generó mayores probabilidades de que abandonen la escuela, ingresen tempranamente al mercado laboral, consuman menos alimentos y de peor calidad, vean restringido su acceso a los servicios de salud, o sean víctimas de violencia.
Unos 3,5 millones de hogares argentinos con chicos a cargo tienen sus ingresos laborales reducidos. Esta pérdida afecta la capacidad financiera de madres, padres y cuidadores para acceder a bienes y servicios esenciales para satisfacer las necesidades de los menores de edad.
“Desde que empezó la pandemia, los 20 de cada mes ya no tengo dinero. Aunque mi sueldo tuvo ajustes por la inflación, no alcanza. Hago malabares”, expresa Lourdes, quien preserva su apellido, en un testimonio recogido en una investigación de Unicef Argentina.
Desde abril del año pasado, el organismo realiza encuestas sobre el impacto de la covid-19 en hogares donde viven niños. Entre el 24 abril y 12 mayo de este año se realizó el cuarto informe.
Ayuda del Estado, pero insuficiente
Los datos de la encuesta marcan que, en la situación de emergencia actual, en la que más de la mitad de los chicos vive por debajo de la línea de pobreza, continuar fortaleciendo los sistemas de protección social es clave para evitar que crezca la indigencia.
En 2020, el Estado argentino implementó una serie de medidas económicas y de protección de ingresos para mitigar los efectos de la pandemia en la población más vulnerable.
En primer lugar, se incrementó el monto de las transferencias a los hogares con niños a través de la AUH. Luego, la Tarjeta Alimentar, un beneficio que se otorga para que todos accedan a la canasta básica alimentaria y está dirigido a madres o padres con hijos e hijas de hasta 14 años. Una medida de gran impacto para la coyuntura fue la puesta en marcha del Ingreso Familiar de Emergencia, una transferencia económica para los trabajadores independientes en situación de informalidad que vieron sus trabajos paralizados por las medidas de aislamiento social.
Más información
Esta prestación económica llegó a más de nueve millones de personas, que se desempeñan en la economía informal, trabajadoras de casas particulares y personas que se encuentran desempleadas. Al mismo tiempo, se vio una ampliación de las transferencias de ingresos a otros grupos como adultos mayores, la continuidad y expansión de los apoyos alimentarios y la implementación de políticas amigables para el cuidado de las familias.
Además, se implementaron políticas de protección de empleo y los salarios, y se fortalecieron los programas de prevención de violencia en el hogar y contra las mujeres. El esfuerzo fiscal del paquete de asistencia y contención ante la pandemia equivale al 6,6% del PIB.
“Si bien se ve una fuerte presencia del Estado, es importante sostener y reforzar los programas de protección social que apoyan a las familias para compensar la caída o pérdida de sus ingresos. Necesitamos respuestas universales, no condicionadas y con capacidad de protección suficiente para cubrir todas las necesidades de las niñas, niños y adolescentes”, enfatiza Brumana.
