El testimonio del presidente de Pfizer en América Latina, Carlos Murillo, en la comisión que investiga la pandemia en Brasil ha expuesto aún más la inacción del Gobierno de Jair Bolsonaro para hacer frente a la crisis del coronavirus. En su declaración del jueves, afirmó que el presidente y su Ministerio de Sanidad ignoraron al menos cinco ofertas de vacunas —lo que supondría millones de dosis— y registró la peor semana para el Gobierno en la comisión de investigación. El día anterior, el exsecretario de Comunicación, Fábio Wajngarten, declaró que el propio presidente había sido advertido formalmente sobre la falta de acción del Gobierno para comprar vacunas al gigante farmacéutico estadounidense. Los testimonios son argumentos contundentes en manos de los acusadores de la comisión, en un momento en que más de 430.000 brasileños han muerto de la covid-19 y la campaña de vacunación sigue lenta y errática al faltar los ingredientes activos para fabricar las vacunas, que China debería suministrar.
Este jueves ha quedado claro que Brasil pudo haber recibido 1,5 millones de dosis de la vacuna contra la covid-19 de Pfizer en diciembre del año pasado. La farmacéutica estadounidense presentó cinco propuestas al Gobierno federal entre agosto y noviembre. Las tres primeras preveían la entrega de esta cantidad de vacunas todavía en 2020. Las dos últimas, solo en el primer trimestre de este año. El Ministerio de Sanidad, entonces dirigido por el general Eduardo Pazuello, no respondió a ninguna.
“Nuestra oferta del 26 de agosto tenía una validez de 15 días. Transcurridos esos 15 días, el Gobierno de Brasil no había rechazado la oferta, pero tampoco la había aceptado”, dijo Murillo. La principal objeción eran las cláusulas del contrato, que Brasil consideró abusivas, pero que otros 66 países aceptaron sin poner objeciones.
El Gobierno brasileño firmó el contrato con la empresa farmacéutica hasta el 19 de marzo de 2021, 234 días después de la primera oferta de Pfizer. De haberse firmado en agosto pasado, cuando se hicieron las primeras propuestas, Columna Digital hubiera recibido 18,5 millones de dosis hasta junio de este año. El contrato actual prevé la entrega de 13,5 millones de vacunas en el primer semestre y otros 86,5 millones hasta finales de año. Esta semana se espera un nuevo contrato para 100 millones de vacunas más de este laboratorio.
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Con la presentación del cronograma de negociación con la farmacéutica, las dos últimas sesiones de la comisión de investigación han dado más munición a la oposición, liderada por el senador Renan Calheiros, del partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB), que intenta sustentar dos tesis: que el Gobierno prefirió deliberadamente invertir en la inmunidad de grupo en lugar de comprar vacunas y que hubo un asesoramiento paralelo de Bolsonaro sobre cómo enfrentar la enfermedad. La segunda cuestión también quedó clara durante el testimonio de Murillo, que reveló que el pasado 7 de diciembre dos directoras de Pfizer se reunieron en el Palacio del Planalto con Wajngarten y el concejal Carlos Bolsonaro, hijo del presidente y que no ocupa ningún cargo en la estructura federal.
“¿Cuántas vidas de brasileños se podrían haber salvado si hubiéramos tenido estas vacunas desde el año pasado? Creo que es patente la omisión que hubo”, dijo el opositor Randolfe Rodrigues, del partido Red de Sostenibilidad (REDE), esbozando la estrategia de la oposición. Los bolsonaristas, sin embargo, afirmaban que el Gobierno estaba negociando los términos del contrato, considerado draconiano, y a la espera de que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) aprobara la vacuna. “En diciembre no se podría haber empezado la vacunación, porque Anvisa todavía no la había aprobado”, subrayó Marcos Rogério, del partido Demócratas (DEM). El senador intentó crear la narrativa de que casi ningún país podía vacunar a su población tan rápido, ya que la agencia reguladora estadounidense no aprobó la vacuna de Pfizer hasta principios de diciembre. Sin embargo, ese mes al menos seis países que habían firmado contratos previos ya habían empezado a vacunar: Chile, Costa Rica, México, Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido.
Hay varias solicitudes de impeachment e investigación penal basadas en la conducta del Gobierno de Bolsonaro en la crisis sanitaria. Ninguna ha prosperado, ya sea por el veto político en la Cámara de los Diputados o por el desinterés del actual fiscal general, Augusto Aras, alineado a Bolsonaro. Por este motivo, la oposición refuerza la artillería en la comisión de investigación, mientras que los partidarios del Gobierno reaccionan generando crispación y desviando la atención. Por ejemplo, los senadores Jorginho Mello, del Partido Liberal (PL), y Fernando Bezerra Coelho (MDB) intentaron que Murillo explicara por qué Pfizer estaba retrasando la entrega de vacunas en Italia, cuando las actividades del ejecutivo se centran en América Latina. Durante su carrera en la farmacéutica, ocupó puestos de dirección en Bolivia, Chile y Brasil, antes de asumir su actual cargo.
El miedo del exministro de Sanidad
En la práctica, hasta ahora, la comisión ya ha conseguido uno de sus objetivos: exponer en televisión, tres veces por semana —las sesiones tienen lugar de martes a jueves—, los errores cometidos por el presidente y su equipo. Desde que empezó, no ha dado tregua al Gobierno. La sensación de que el Ejecutivo no tiene defensa en la comisión se ha hecho aún más evidente con los dos recursos de hábeas corpus presentados a favor de Eduardo Pazuello, general del Ejército en activo y exministro de Sanidad.
Se han presentado dos solicitudes al Supremo Tribunal Federal: una para que pueda guardar silencio y otra para vetar su posible arresto durante su declaración, prevista para el próximo día 19. El temor a que lo detengan creció después de que el ponente de la comisión, el senador Renan Calheiros, pidiera la detención de Wajngarten en la sesión del miércoles por falso testimonio. El presidente de la comisión, el senador Omar Aziz, del Partido Social Democrático (PSD), no atendió la petición, pero remitió una carta a la Fiscalía para que evaluara si era necesario investigar al exsecretario de Comunicación.
En la medida cautelar presentada al Supremo, un abogado que no tiene poderes para representar a Pazuello afirma que la comisión de investigación se ha convertido en un “tribunal de excepción”, que hay una clara intención de arrestar al general y que este no puede convertirse en el “objetivo de las apetencias políticas de parlamentarios que no tienen moral ni siquiera para ocupar el cargo que ocupan y, además, exigir un comportamiento diferente del que tuvo alguien que verdaderamente trabajó y honró los colores de esta nación para actuar con las armas que tenía contra un enemigo invisible y desconocido”.
La otra solicitud la firmó el Abogado General del Estado, André Mendonça, quien cita el riesgo de detención y pide que “se garantice a Pazuello la prerrogativa constitucional de no presentar pruebas contra sí mismo”. Se pide al Supremo que defienda al general, porque declarará sobre hechos relacionados con el período en que fue ministro de Estado.
Otro ejemplo del tono de desesperación, o al menos de incomodidad, del Gobierno. El miércoles, el senador Flávio Bolsonaro, primogénito del presidente, estuvo en la comisión de investigación solo para crispar los ánimos e insultar al ponente.
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