Transportistas y agricultores han convocado una movilización nacional para el próximo lunes, 6 de abril de 2026, que promete ser un evento significativo, caracterizado por bloqueos en carreteras y accesos estratégicos en todo el país. Esta medida busca exigir mayor seguridad y señalar el incumplimiento de acuerdos anteriores con el gobierno, un tema que ambos sectores consideran un claro abandono.
La movilización, denominada “megaparo”, surge como respuesta a la creciente inseguridad en las carreteras y la falta de apoyo gubernamental. Organizaciones claves como la Asociación Nacional de Transportistas (Antac) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) están detrás de esta convocatoria. A pesar de que en noviembre del año anterior se habían logrado ciertos compromisos con las autoridades tras varios días de bloqueos, los transportistas y agricultores sostienen que estos no se han materializado en acción.
David Estévez, presidente de la Antac, ha instado a sus miembros a “paralizar todo” si no se atienden sus demandas, que incluyen un reforzamiento de la seguridad en las carreteras, garantizando la presencia permanente de la Guardia Nacional debido al alarmante aumento de asaltos y desapariciones en el sector. Además, reclaman el cese de extorsiones, la violencia en su contra, y piden apoyo financiero, créditos, seguridad social y pensiones.
Desde la perspectiva de los agricultores, el sentimiento de abandono es palpable. Ellos mencionan fallas estructurales en la política pública, como retrasos en los pagos y la falta de precios de garantía efectivos, que han exacerbado problemas en la comercialización de granos y en la producción agrícola. A través de un mensaje en redes sociales, el FNRCM resaltó que tanto transportistas como productores del campo se han unido en una lucha común: “Si el campo y el transporte caen, el país se detiene”, enfatizaron.
El FNRCM también subrayó que este paro responde a una “necesidad de supervivencia” frente a la inseguridad, los altos costos operativos derivados del incremento en los precios de combustible y la deteriorada situación en el campo y el transporte. Esto ocurre en un contexto donde, según ellos, se percibe una indiferencia y falta de voluntad por parte del gobierno federal para abordar estas preocupaciones.
Por su parte, la Secretaría de Gobernación (Segob) ha reaccionado a las amenazas de movilización con un comunicado que sostiene que “no hay motivo para la movilización”, afirmando que existen mecanismos permanentes de atención y acuerdos en proceso. La dependencia gubernamental pidió que se eviten acciones que puedan afectar a la población en general.
El megaparo contempla cierres viales en carreteras clave, incluyendo las rutas México-Querétaro, México-Pachuca, y en diversas regiones como Jalisco, Michoacán, Sonora y Sinaloa, además de cruces fronterizos como Ciudad Juárez. La promesa de bloqueos ha generado una creciente expectativa en la población, que se pregunta cómo responderá el gobierno y cuál será el futuro de ambos sectores en juego. A medida que se acerca la fecha, la tensión y la incertidumbre en torno a este llamado a la movilización aumentan, dejando en el aire una pregunta crucial: ¿qué repercusiones tendrá este megaparo en la nación?
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