La preocupación del gobierno mexicano por el estancamiento de la actividad económica es cada vez más palpable y ha dejado de ser un tema que se pueda minimizar. Desde finales de 2022, el crecimiento económico ha mostrado una tendencia a la baja, un hecho que el gobierno, antes tan optimista sobre la salud de la economía, ahora reconoce. La inversión, un motor esencial del crecimiento, presenta cifras alarmantes: en febrero de 2026, la inversión fue un 11% menor en comparación con julio de 2025.
Frente a esta realidad, el gobierno ha iniciado un llamado a los actores económicos, los mismos que han conformado las élites tradicionales, para que se animen a invertir bajo el denominado Plan México. Sin embargo, este plan parece aún flotar en el aire, ya que no se han presentado avances concretos. Lo que se aprecia son anuncios y fotografías donde empresarios y representantes muestran un compromiso verbal más que tangible. Recientemente, se han prometido reducciones de trámites y afirmativas fictas para proyectos. Pero, a pesar de estos esfuerzos, el impacto en la inversión y en el crecimiento parece ser mínimo.
La raíz del problema parece estar en la incertidumbre generada por reformas ideológicas y un enfoque judicial que ha debilitado la protección a ciudadanos y empresas. Lejos de reconocer su papel en este estancamiento, el gobierno luce como que ha optado por medidas paliativas que no abordan el fondo del problema. Si realmente se hubiera ocupado del estancamiento económico, habría tomado medidas para frenar estas reformas.
El estancamiento, aunque es un fenómeno preocupante, puede prolongarse sin generar una urgencia inmediata. Por otro lado, la crisis en las finanzas públicas, que ya se está presentando de manera silenciosa, podría estallar en cualquier momento, creando una situación de emergencia. De 2012 a 2025, los indicadores fiscales han mostrado un claro debilitamiento: si bien el ingreso público aumentó en 2 puntos porcentuales del PIB, el gasto total creció en 3.5 puntos porcentuales. Esto es crucial y revela una tendencia preocupante.
El gasto en rubros esenciales como pensiones y el costo de la deuda se ha incrementado en 4.7 puntos porcentuales del PIB y es irreductible, lo que ha llevado a la reducción en otras áreas, incluida la inversión física. Mientras tanto, la protección social ha absorbido una parte considerable del gasto, incrementándose en 3.2 puntos porcentuales del PIB, mientras que otras áreas cruciales, como desarrollo social y económico, se han estancado o han disminuido.
Además, la deuda pública ha subido un alarmante 15 puntos porcentuales del PIB en este mismo período, alcanzando más del 60% del PIB. Las proyecciones oficiales anuncian un déficit de 3.5% del PIB para este año, el más alto desde 1989, lo que augura un futuro complicado.
Dada la inflexibilidad del gasto público y la creciente presión sobre los rubros no programables, el déficit seguirá siendo una constante, lo que provocará un aumento de la deuda, incluso si se mantienen reprimidos los gastos en salud, educación y seguridad pública.
Las crises fiscales y financieras, a diferencia de los períodos de estancamiento, no suelen presentarse de manera gradual. México se encuentra en medio de una crisis fiscal seria, aunque aún no se manifiesta abiertamente. El verdadero riesgo es la eventual explosión de esta crisis, que podría amenazar no solo la estabilidad del país, sino también el bienestar económico de sus ciudadanos. La urgencia de abordar estos problemas es inminente para evitar un deterioro mayor de la situación económica.
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