La violencia contra las mujeres continúa siendo un problema alarmante en México, a pesar de los avances normativos. En un reciente encuentro internacional sobre la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, relatora especial de la ONU, destacó esta preocupante situación, señalando que la militarización y las políticas de austeridad han intensificado la crisis.
Durante su intervención, Alsalem describió una paradoja crítica: “El reconocimiento jurídico se ha ampliado, pero la violencia persiste y se intensifica en diversos entornos.” Esto es particularmente evidente en los feminicidios, cuyo número es escalofriante. En 2024, se registraron aproximadamente 83,000 asesinatos intencionales de mujeres en el mundo, y cerca del 60% de estos crímenes fueron cometidos por parejas o familiares, lo que equivale a cerca de 137 mujeres y niñas asesinadas cada día.
Más allá de las cifras visibles, la relatora advirtió que el feminicidio está subregistrado de manera alarmante, lo que se agrava por la violencia vinculada al crimen organizado y las desapariciones forzadas. Esta situación se ve potenciada por la brecha entre los compromisos estatales y su implementación. La corrupción, la impunidad y la falta de datos desagregados son problemas persistentes que impiden que las respuestas judiciales tengan una perspectiva de género adecuada.
En el contexto de México, el examen de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de 2025 puso de relieve el aumento de la violencia contra mujeres y niñas, que es perpetrada tanto por actores estatales como no estatales. La falta de apoyo para las familias de las víctimas de desapariciones es un problema crítico que sigue sin resolverse, con deficiencias en la investigación y en el acceso a la justicia.
Alsalem también indicó que la impunidad y la falta de acceso efectivo a la justicia son factores que alimentan esta violencia. En este sentido, la CEDAW destacó varios obstáculos estructurales que afectan particularmente a mujeres indígenas y rurales, así como a aquéllas que viven en condiciones de pobreza.
La relatora añadió que la intensificación de la violencia se puede atribuir a crisis múltiples, la militarización y medidas de austeridad que afectan gravemente a los refugios y servicios de asistencia para mujeres víctimas de violencia. Estas decisiones políticas han tenido un impacto significativo en el debilitamiento de organizaciones de mujeres y defensoras de derechos humanos.
Una preocupación adicional que Alsalem planteó es el auge de fuerzas patriarcales y misóginas que han encontrado formas de justificar la explotación y deshumanización de mujeres y niñas, tanto en el ámbito físico como digital. En cuanto a la prostitución y la pornografía, argumentó que se busca normalizar estos actos bajo la premisa del libre albedrío, pero a menudo se traduce en manipulación y violencia hacia las mujeres.
Alsalem instó a los Estados a adoptar un modelo de igualdad, similar al nórdico, que penalice tanto la prostitución como la pornografía, reconociendo a las mujeres y niñas en estas situaciones como víctimas y ofreciendo apoyo integral.
Esta llamada de atención es un recordatorio urgente de que la lucha contra la violencia de género requiere no solo de un marco normativo robusto, sino también de acciones concretas y efectivas que protejan a las víctimas y enfrenten la realidad desalentadora que muchas féminas viven hoy en día.
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