Crisis fiscal y laboral eleva costes laborales

El panorama laboral en España se presenta alarmante: el coste medio por trabajador ha escalado a 3.256 euros mensuales, reflejando un marcado aumento en los “otros costes”, que incluyen principalmente las cotizaciones y que han crecido un 28% desde 2015. Este incremento se produce en un contexto donde, a pesar de recaudar como las naciones más ricas, el país no logra igualar sus niveles de capacidad de pago ni productividad.

Los salarios reales, por su parte, siguen sin repuntar. Entre 2021 y 2023, los aumentos salariales en un rango del 2 al 2,5% no han sido suficientes para compensar el poder adquisitivo perdido por la inflación, lo que está enfriando el consumo y afectando negativamente la rentabilidad empresarial en un momento de creciente presión por los costos.

Particularmente notable es el aumento de los precios energéticos industriales, que se han disparado un 45% entre 2021 y 2024. Esto ha colocado a los sectores intensivos en energía, especialmente el transporte, en una situación competitiva desventajosa frente a otros países europeos que cuentan con sistemas fiscales más equilibrados y neutralizados.

A esto se suma un estancamiento en la productividad: entre 2015 y 2025, la productividad por hora ha crecido apenas un 1,7% anual, mientras que los costes laborales unitarios han aumentado un 2,5%. Esta disparidad ha resultado en una pérdida de competitividad ante la zona euro que supera los ocho puntos.

Se ha llegado a un diagnóstico claro: aunque España recaudó como los países más ricos, su capacidad de pago y productividad son deficitarias. La presión fiscal total ha alcanzado ya el 37,3% del PIB, un porcentaje considerablemente mayor al 33,9% de la media de la OCDE, acercándose a los niveles de los grandes países tributarios de Europa.

Este desajuste entre costes laborales crecientes y el escaso retorno económico del trabajo está frenando la inversión, encareciendo la creación de empleo formal y erosionando la competitividad exterior. La brecha entre la economía española y otras naciones como Francia, Bélgica o Dinamarca, que tradicionalmente han tenido altas cargas impositivas, ha pasado de seis puntos a apenas tres desde 2015.

En este complicado contexto, tanto expertos como empresas coinciden en que España enfrenta un desafío estructural que requiere atención inmediata. Para recuperar competitividad y asegurar una sostenibilidad fiscal, es esencial simplificar el sistema de cotizaciones, garantizar un entorno normativo estable y fomentar incentivos a la productividad, innovación y digitalización.

Si no se toman medidas, cada euro destinado a generar empleo costará cada vez más, produciendo lo mismo o incluso menos. España se encuentra en un momento crítico para corregir su rumbo; no obstante, el margen de maniobra se estrecha peligrosamente.

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