El martes, con los ojos húmedos por la emoción, Cristina Fernández de Kirchner cerraba con vehemencia su repudio a la condena a seis años de cárcel que acababa de recibir por corrupción. Fue entonces cuando lanzó, sin previo aviso, una bomba política. “No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora”, dijo. Por si la sorpresa había nublado el entendimiento de algunos, insistió: “Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre [de 2023] y me vuelvo, como me volví el 10 de diciembre de 2015 [cuando terminó su segundo mandato], a mi casa”. Kirchner, la política más amada y odiada de Argentina, acaba de autoexcluirse de la carrera para las elecciones generales de octubre de 2023.
El anuncio, por inesperado, fue un obús a la línea de flotación del peronismo. Mientras la causa Vialidad avanzaba, y se sumaban las pruebas de un desfalco de 1.000 millones de dólares del erario, creció poco a poco el clamor por una candidatura presidencial de Kirchner. La popularidad del presidente, Alberto Fernández, está por los suelos. Y la candidatura de Sergio Massa, el ministro de Economía, depende peligrosamente del derrotero de la crisis y una bajada de la inflación, hoy cercana al 100%. Si Cristina Kirchner mantiene su promesa -no sea que haya sido fruto de la emoción del momento- se abre en el peronismo una larga batalla por la sucesión. A Massa, que nunca ocultó sus aspiraciones presidenciales, se le suman al menos dos nombres con peso propio: el del ministro de Interior, Eduardo de Pedro; y el del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Ambas son figuras del entorno más cercano a la vicepresidenta. Sin el bastón organizador de Kirchner, se adelanta la campaña por la presidencia.
¿Por qué se bajó Cristina de la carrera? La condena no está firme y nada le impide ser candidata. Es posible que, simplemente, haya decido redoblar la apuesta. La vicepresidenta está convencida de que quieren proscribirla. Se puso así a la par de Juan Domingo Perón, anulado de la política entre 1955 y 1973 por los militares golpistas. Ahora, dijo, no son los uniformados quienes deciden quienes pueden ser o no candidatos, sino lo que ella llama el “partido judicial”. Este martes dio un paso más y habló de “mafia judicial” y “poder paraestatal”. Colocó detrás a los jueces federales que investigan las causas de corrupción, a la oposición vinculada al expresidente Mauricio Macri y a los grandes medios. “Presa o muerta me quieren”, dijo. Y recordó que, el 1 de septiembre pasado, un hombre le gatilló dos veces en la cabeza, sin que saliese la bala.
Tras aquel ataque fallido creció un operativo clamor. Esos mismos militantes que coreaban entonces su nombre en las calles y prometían “quilombo” si “tocan a Cristina”, deben ahora acomodarse a una nueva realidad política. También deberá hacerlo la oposición, atravesada como está por profundas divisiones internas. Si Kirchner sale del mapa electoral se reducirá la polarización y se fortalecerán las opciones de centro. Allí está a la espera el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Se debilitan, en tanto, las opciones más escoradas hacia la derecha de la coalición opositora, como la de Mauricio Macri o su exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Los jueces que condenaron a Kirchner dijeron en un adelanto de los fundamentos del fallo que encontraron evidencias de “una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”. Según el fiscal Diego Luciani, a cargo de la acusación, el total defraudado a las arcas estatales ascendió a 1.000 millones de dólares durante los dos mandatos de Kirchner, entre 2007 y 2015. A lo largo del juicio, Luciani detectó irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz, el bastión patagónico del kirchnerismo.
El beneficiario de la maniobra fue Lázaro Báez, un constructor amigo de la familia Kirchner que este martes sumó seis años de cárcel a los 12 que ya tiene por blanqueo de dinero. No dieron por probado, sin embargo, la figura de la asociación ilícita, creada para combatir a las mafias del narcotráfico. Desde la oposición hablaron de una luz esperanza en la lucha contra la corrupción estatal, gracias a un fallo que consideraron ejemplar. Deberán ahora capitalizar este entusiasmo en las urnas.
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