Transparencia Internacional ha criticado este martes, un año más, al Gobierno de Pedro Sánchez por su falta de iniciativas legislativas para luchar contra la corrupción. En este caso, por el retraso en transponer, entre otras, la directiva europea de filtradores (más conocida por el término anglosajón whistleblowers, “el que hace sonar el silbato”) que debe crear canales de denuncia que garanticen la confidencialidad para que cualquier ciudadano pueda alertar sobre posibles infracciones sin temor a represalias. Este organismo independiente ha lanzado su advertencia durante la presentación online del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021, en el que España ha bajado un punto respecto a la posición que ocupaba el año pasado y ha obtenido 61 puntos en una escala de 100 en la que, a mayor puntuación, menos corrupción.
Los autores del estudio consideran que este descenso “no es estadísticamente significativo” pero sí reflejo de un “estancamiento” que refleja “un nivel de corrupción que incide en el buen funcionamiento de las instituciones democráticas”. De hecho, España ha descendido dos puestos respecto al año pasado y cuatro frente a 2019 hasta situarse ahora en el 34 en una clasificación de 180 países. España se coloca además en la posición 14 entre los 27 países de la Unión Europea. Los 61 puntos están bastante alejados de los 70 puntos en el Índice de Percepción que este organismo independiente considera que debería tener una economía como la española, que se sitúa entre las 15 primeras del mundo, “si quiere mantener su imagen y competitividad”.
De este modo, España sigue muy lejos de los tres países que encabezan el listado con 88 puntos, Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda. Además, las grandes potencias de la UE están también muy por encima de España. Alemania recibe una calificación de 80 puntos, mientras Francia alcanza los 72 puntos. Portugal, que hasta el año pasado estaba por detrás de España, le saca un punto en esta ocasión, ha obtenido 62 puntos. Italia se mantiene por detrás, con 56 puntos. El índice de este organismo independiente, que se elabora desde 1995, utiliza 13 encuestas y evaluaciones elaboradas por expertos, que luego se unifican.
Con estos datos, los máximos representantes de Transparencia Internacional han hecho este martes un llamamiento al Gobierno de Sánchez para que acometa reformas legislativas de manera urgente. “La agenda legislativa en España no puede esperar más y debe ser un compromiso político sin excepción para lograr avanzar”, ha recalcado su presidenta, la catedrática de Derecho Penal Silvina Bacigalupo.
Entre estas medidas se sitúa la urgente transposición de la directiva de filtrados, que se debía haber hecho antes del pasado 17 de diciembre, pero cuyo proyecto el Gobierno aún está elaborando. Cuando entre en vigor, toda la Administración pública y las empresas de más de 50 trabajadores estarán obligadas a tener canales de denuncia con el objetivo de impulsar iniciativas de denuncia como las de Edward Snowden, el consultor que reveló el alcance de las interceptaciones de la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, o de José Luis Peñas, el exconcejal del PP que hizo estallar el caso Gürtel.
Este retraso ha provocado, en opinión de Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro del comité de Dirección de Transparencia Internacional en España, que hasta la fecha siga sin haber “ninguna garantía de protección al denunciante por desgracia”.
El abogado Jesús Sánchez Lambás, integrante del mismo comité, ha destacado en su intervención que esta deficiencia está muy extendida en la UE, donde solo cinco de los 27 países miembros han implementado hasta ahora la directiva sobre los whistleblowers. Sánchez Lambás alerta de que la situación puede empeorar este año por culpa de la crisis energética y la tensión internacional en torno a Ucrania.
Los expertos de este organismo independiente achacan parte de este retraso a la pandemia. Además, según Villoria, esta circunstancia ha provocado “despilfarro, corruptelas” que explican, que en España “no se haya avanzado y, en parte, se haya retrocedido” en la lucha contra la corrupción. No obstante, las críticas de Transparencia Internacional a España no se ciñen únicamente al retraso en la adecuación de esta directiva europea a la legislación española. Bacigalupo ha reclamado también al Ejecutivo de Sánchez otras reformas legislativas que ayuden a prevenir la corrupción y favorezcan el buen gobierno y la transparencia que permitan salir del “no progreso o estancamiento” en el que se ha situado España desde hace años en este índice.
Villoria insiste en la necesidad de hacer frente mediante leyes a la existencia de grupos de presión y al clientelismo político, donde España no ha mostrado en estos últimos años “cambios importantes”. Y ha puesto como ejemplo el reciente nombramiento de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas, en el que “los partidos se ponen de acuerdo y nombran a personas muy cercanas a sus intereses”. “En España no conseguimos avanzar de manera suficiente”, ha lamentado, antes de insistir en que entramos en un momento clave con la llegada de 69.000 millones de euros de los fondos europeos para los que la UE va a exigir “controles serios”. “Reducir la corrupción es fundamental para garantizar la integridad política y el buen funcionamiento de las instituciones democráticas”, recalca Transparencia Internacional.
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