La pobreza laboral, un indicador que muchas veces queda en segundo plano, ofrece una visión clara de la realidad social y económica en México. Con la reciente transición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en la elaboración de este índice, el tema cobra nueva relevancia. Este indicador mide cuántas personas ven sus ingresos laborales insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.
Actualmente, la pobreza laboral afecta al 32.3% de la población, lo que se traduce en que uno de cada tres mexicanos no cuenta con los recursos necesarios para satisfacer lo esencial. Este porcentaje, aunque alarmante, representa la cifra más baja desde que se comenzó a medir este indicador en 2005. Este avance debe atribuirse, en gran medida, a las políticas de incrementos al salario mínimo implementadas desde 2019, que buscan recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores.
Recientemente, se ha introducido un nuevo índice que analiza la persistencia de la pobreza laboral, es decir, cuánto tiempo les lleva a los hogares salir de esta situación crítica. Desarrollado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), este medición reveló que, al final de 2025, el 65.7% de los hogares en pobreza laboral no había logrado mejorar su situación en un año. Para ponerlo en términos claros, de los 11.9 millones de hogares con ingresos laborales insuficientes registrados en el último trimestre del año pasado, 7.8 millones permanecieron en esa condición transcurrido un año.
Gonzalo Hernández Licona, director del Observatorio Social CEEY, enfatiza que no todos los hogares en pobreza enfrentan los mismos desafíos. Existen dos realidades evidentes: algunos logran salir de la pobreza con rapidez, mientras que otros se encuentran atrapados en un ciclo que les impide avanzar, lidiando con mayores barreras y disminuyendo sus oportunidades de movilidad social.
En un análisis por regiones, los estados con mayores tasas de persistencia son Guerrero (85.9%), Oaxaca (73.7%) y Chiapas (70.8%), mientras que Baja California Sur (43.3%), Quintana Roo (46.3%) y la Ciudad de México (52.5%) muestran una mayor movilidad social relacionada con los ingresos laborales.
Un factor clave en esta situación es la informalidad laboral, que alcanzó el 55% de las personas ocupadas a finales de 2025. En el sector formal, solo el 0.7% de los trabajadores ganan menos que el umbral de la canasta alimentaria, lo que los sitúa en la pobreza laboral. Sin embargo, en el sector informal, esta cifra se eleva a 17.8%, reflejando un impacto directo en los niveles de ingresos y, en consecuencia, en la pobreza.
A pesar del incremento en el salario mínimo, que en el último trimestre de 2025 llegó a 10,610 pesos en el sector formal y apenas 5,456 pesos en el informal, las políticas actuales no han podido reducir la informalidad de manera efectiva. Además, el aumento en los costos laborales, resultado de las reformas laborales, podría estar exacerbando este escenario.
En definitiva, aunque se dice que “el trabajo dignifica”, la realidad es que sin acciones concretas para abordar la informalidad laboral, millones de familias continuarán luchando día a día sin poder escapar de la pobreza, independientemente de los incrementos en el salario mínimo. Esta situación demanda atención urgente y soluciones efectivas, que vayan más allá de medidas aisladas y que aborden de manera integral las causas profundas de la pobreza laboral en México.
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