A tan solo dos semanas de la elección judicial del 1 de junio, la situación en torno a los candidatos para ocupar las cinco plazas en el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) se presenta preocupante. De un total de 38 candidatos, que incluyen a 20 mujeres y 18 hombres, únicamente cuatro de ellos —lo que equivale al 11%— han cumplido con la exigencia de presentar su declaración patrimonial, de intereses y fiscal, conocido como el #3de3, según la información revelada por la organización civil Transparencia Mexicana (TMX).
El panorama se torna más alarmante al observar la situación en diferentes entidades federativas. En Chihuahua, de 24 candidatos, 16 —un notable 67%— han presentado y hecho pública su declaración. Sin embargo, en Colima, solo uno de los 12 candidatos ha realizado este procedimiento, lo que marca un escaso 8%. En contraste, aquellos que aspiren a magistrados en otras entidades como Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, y varias más, ninguno ha formalizado su #3de3.
TMX también ha informado sobre la recepción de declaraciones de 11 candidaturas para otros cargos en el Poder Judicial. Las cuatro candidaturas al TDJ federal que han cumplido con la presentación de su declaración son Jazmín Gabriela Rivera Reyes (candidata #14), María Elisa Vera Madrigal (candidata #19), Juan Pedro Alcudía Vázquez (candidato #21) y Jorge Isaac Lagunes Leano (candidato #33). Es relevante señalar que, aunque algunos candidatos han publicado sus declaraciones en redes sociales, TMX no ha recibido dicha documentación a través del medio oficial habilitado para ello.
Para garantizar la transparencia, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) de Chihuahua, en colaboración con la Confederación Patronal de la República Mexicana y TMX, lanzó el pasado 15 de abril un portal para que los ciudadanos chihuahuenses puedan consultar la declaración #3de3 de las candidaturas locales. Esta iniciativa resalta la importancia de la rendición de cuentas en el contexto de la reforma para elegir a jueces y magistrados mediante el voto popular, un cambio que tiene como objetivo combatir la corrupción y el nepotismo en el ámbito del Poder Judicial.
La actividad de TMX busca subrayar el papel del órgano responsable de investigar y sancionar administrativamente a los jueces y magistrados por actos indebidos, incluyendo corrupción, nepotismo o tráfico de influencias. La información presentada proviene de datos recopilados hasta el 15 de mayo de 2025 y destaca la necesidad de un mayor compromiso por parte de los candidatos con la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial.
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