El presidente Daniel Ortega ha lanzado una cruzada personal contra la Iglesia de Nicaragua. La Asamblea Nacional, controlada por el mandatario, ha aprobado este miércoles un informe en el que acusa a los obispos y sacerdotes del país de participar en un intento de golpe de Estado y de expresarse con “odio y saña” contra los simpatizantes del Gobierno. En el texto legislativo se recomienda juzgar a los religiosos que hayan apoyado las manifestaciones de 2018 —cuando hubo un estallido social que exigía el fin del mandato del exguerrillero sandinista—, y confiscar los bienes de la Iglesia. “Deberían ser juzgados y sus comunidades o asociaciones investigadas a fondo, ya que se escudaron tras los religioso” para apoyar las protestas, se recomienda en el documento.
Ortega ha desatado una brutal cacería contra las voces críticas. Este jueves fue sentenciado por delitos relacionados con “traición a la patria” el exdiplomático y exsacerdote dicocesano Edgar Parrales, que en su juventud defendió la Teología de la Liberación y apoyó la revolución sandinista. Una jueza de Managua lo declaró culpable el 27 de abril en un juicio considerado espurio por organizaciones de derechos humanos. En el juicio, a cargo de la jueza Nadia Tardencilla, el exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA) durante el Gobierno revolucionario de los ochenta afirmó ser inocente. “Me avala una historia de vida y de compromiso en la defensa de Nicaragua”, afirmó Parrales, quien, a sus 79 años, es el preso político de mayor edad.
La Iglesia de Nicaragua se ha mostrado unida frente al régimen de Ortega, al que critica por violaciones a los derechos humanos. Durante las manifestaciones de 2018, los sacerdotes usaron los templos para proteger a los manifestantes frente a la brutal represión del régimen, que dejó más de 350 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En este país centroamericano, los púlpitos se han convertido en una trinchera desde la que los sacerdotes denuncian los abusos de poder y en sus mensajes llaman a la población a mantenerse firme frente a la opresión gubernamental.
En el informe aprobado el miércoles, los diputados se comprometen a revisar el Código Penal para incluir en las penas a los religiosos que consideran que participaron promoviendo las manifestaciones o que con sus sermones “infunden odio” entre la población. El documento se basa, según los legisladores, en los testimonios de quienes consideran víctimas de aquellas protestas, principalmente simpatizantes del Gobierno. No incluye a los familiares de los asesinados por el régimen, principalmente las madres que desde 2018 se han organizado para exigir justicia, dado que la mayoría de los muertos son jóvenes estudiantes. “Las víctimas pidieron que las penas sean más severas y piden justicia para con los religiosos y directores de organizaciones de derechos humanos que se involucraron en la aventura golpista”, establece el informe. La Iglesia nicaragüense no se ha pronunciado sobre este documento.
Arremetida contra organizaciones civiles
En la misma sesión del miércoles, la Asamblea también prohibió 50 organizaciones de la sociedad civil, al considerar que no han rendido cuentas al Gobierno bajo los términos de una ley que las declara como “agentes extranjeros”. Según esa legislación, todas las organizaciones que reciben fondos del exterior deben declarar cómo estos son utilizados so pena de perder sus registros. Son organismos que “no quieren rendir cuentas, no quieren decir de dónde vienen sus fondos, de qué países”, ha dicho el diputado Filiberto Rodríguez, quien presidente la llamada comisión de Defensa y Gobernación del Parlamento.
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Entre las organizaciones que han sido canceladas hay varias que trabajan por los derechos de las mujeres y la población LGBTI, como el programa regional feminista La Corriente. María Teresa Blandón, directora de la organización, ha explicado a la revista Confidencial que el régimen “no tiene ningún asidero legítimo para intentar intervenir y controlar las dinámicas de las organizaciones de la sociedad civil” y ha afirmado que en Nicaragua se vive “en un estado policial”. Con la decisión del miércoles, ya son 200 organizaciones ilegalizadas en Nicaragua, entre ellas media docena de universidades que fueron el bastión de las protestas estudiantiles de 2018
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