El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha establecido oficialmente las fechas de inicio para la temporada de huracanes de 2026. En el Pacífico, se anticipa que comenzará el 15 de mayo, mientras que en el Atlántico lo hará el 1 de junio. Aunque estas fechas son generalmente fijas, la aparición de sistemas ciclónicos puede adelantarse o posponerse.
Anualmente, millones de personas en las áreas costeras de México deben prepararse para la amenaza de fenómenos climáticos extremos, cuya devastación puede ser inmensa. El reciente huracán Otis, que golpeó Acapulco en 2023, es un recordatorio sombrío del impacto que estos eventos pueden tener, ocasionando no solo pérdidas humanas, sino también la destrucción de patrimonios completos.
México ha sido históricamente vulnerable a los ciclones, en parte debido a su ubicación geográfica y conditions climáticas. Este riesgo se ve agravado por el cambio climático, que ha incrementado la frecuencia y la intensidad de estos desastres. Sin embargo, existe un aspecto positivo en medio de tanta adversidad: la solidaridad de la ciudadanía que se moviliza de forma rápida ante situaciones de emergencia, ya sea por catástrofes naturales o por sismos. Sin embargo, una nueva preocupación ha emergido: la naturaleza de la ayuda proporcionada, su oportunidad y destinatarios.
Cuando ocurre un desastre, se establecen diversos mecanismos de apoyo a través de los sectores público y privado, así como de la sociedad civil. En México, es visible la organización de centros de acopio que distribuyen alimentos y suministros a las zonas afectadas. A pesar de que la respuesta inmediata es vital, no es suficiente. Los esfuerzos a menudo se centran en la atención de la crisis, descuidando las acciones preventivas y de recuperación, que requieren la misma atención y recursos.
Un análisis de Ethos Innovación en Políticas Públicas destaca que los efectos de los desastres no son equitativos. Tras el huracán Otis, las mujeres reportaron una mayor pérdida de empleo en comparación con los hombres, con tasas del 36% frente al 31%. Además, enfrentaron desafíos significativos para reintegrarse al mercado laboral, frecuentemente en condiciones informales. Es preocupante que el 61% de las mujeres encuestadas hayan experimentado afectaciones económicas severas tras el desastre, en contraposición al 49% de los hombres.
Este disparidad puede explicarse, en parte, por la carga de trabajo de cuidados que las mujeres asumen, intensificada en situaciones de crisis. Un 35% de ellas señaló que asumió responsabilidades adicionales tras el huracán, limitando así sus capacidades de recuperación. Asimismo, las mujeres mostraron una mayor necesidad de atención médica que los hombres, con solo el 54% de aquellas que requerían atención siendo atendidas.
Tanto hombres como mujeres coinciden en que, tras el desastre, aumentaron los niveles de violencia en sus comunidades. Sin embargo, las mujeres reportaron con mayor frecuencia situaciones de violencia y una mayor incidencia de afectaciones emocionales, evidenciando una brecha que requiere atención urgente.
La gestión de desastres en México debe aspirar a un equilibrio real entre prevención, respuesta y recuperación. En la fase preventiva, se debe dejar atrás un enfoque asistencialista y prioritizar estrategias que fortalezcan la resiliencia comunitaria. Además, la recuperación debería ser considerada una oportunidad para mejorar la infraestructura y implementar medidas que mitiguen futuros riesgos.
Finalmente, es imprescindible integrar una perspectiva de género en todas las etapas de atención, lo cual no sólo permite abordar adecuadamente las necesidades de las mujeres durante las emergencias, sino que también evita que las desigualdades se profundicen en el proceso de recuperación. De lo contrario, muchas mujeres quedarán atrapadas en un ciclo de vulnerabilidad que las expone aún más a nuevos eventos adversos.
Replantear la forma en que se diseña y distribuye la ayuda no es un mero deseo, sino una necesidad urgente. Es esencial transitar de una respuesta precipitada hacia una gestión integral de riesgos de desastres con enfoque de género, orientada a fortalecer capacidades, reducir vulnerabilidades y construir una resiliencia efectiva en el largo plazo.
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