El reciente mandato del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha marcado un cambio significativo en la política migratoria del país. Desde que asumió el cargo el 7 de agosto de 2026, su gobierno ha estado bajo la presión de enfrentar diversos desafíos, incluyendo un devastador terremoto que dejó más de 300 muertos y miles de viviendas destruidas. Sin embargo, esta semana, el enfoque se ha desplazado hacia la migración irregular.
En una reunión de seguridad en Barranquilla, De la Espriella ordenó la colaboración entre la autoridad migratoria y la policía para iniciar deportaciones de migrantes irregulares. Su instrucción fue clara: priorizar primero a aquellos migrantes que cometen delitos, seguidos de aquellos que no tienen su estatus regularizado. “La orden a Migración es clara: primero los que están cometiendo delitos, segundo los que no tienen regularizada su situación”, enfatizó el mandatario en un video filtrado.
El mandatario, de ideología derechista, ha sido contundente al afirmar que no aceptará la migración ilegal en el país. “¡Deportados! Es una orden presidencial que se debe empezar a cumplir esta misma semana”, declaró. Según sus propias palabras, “es una decisión política y yo la asumo”, subrayando la seriedad y el compromiso de su gobierno con esta agenda.
Colombia, que ha sido un refugio en la última década para millones de migrantes venezolanos que huyen de la crisis en su país, se enfrenta ahora a un cambio radical en la narrativa de acogida que tradicionalmente había promovido. La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) estima que para 2025 habrá alrededor de 3 millones de venezolanos en territorio colombiano. Este cambio de enfoque ha generado preocupación, ya que la derecha colombiana históricamente ha cuestionado el régimen chavista mientras ofrecía cierta apertura a la diáspora venezolana.
“Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos, para que le quede claro a todo el mundo”, añadió De la Espriella, reflejando un fuerte sentido de nacionalismo en su política migratoria. El presidente, quien ha asumido una sede presidencial alterna en Barranquilla, destaca la necesidad de priorizar a la población local en un contexto donde Colombia ha experimentado largas décadas de conflictos armados que han llevado a millones a buscar refugio en otros países.
Este cambio de dirección en la política migratoria se presenta en un contexto de dificultades internas y externas, poniendo a prueba no solo la capacidad del gobierno para manejar flujos migratorios, sino también la imagen histórica de Colombia como un país acogedor. La implementación de estas medidas promete ser un asunto candente en los próximos meses, generando debates sobre el futuro de la política migratoria y la responsabilidad de Colombia hacia los venezolanos que buscan una nueva vida.
Actualización: Hasta el 24 de agosto de 2026, esta medida ha comenzado a implementarse con un sólido respaldo del gobierno, marcando una nueva era en la gestión de migrantes en Colombia.
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Datos basados en información reportada originalmente por eleconomista.com.mx.






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