El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha dado un paso firme en su agenda migratoria al ordenar el inicio de operaciones coordinadas entre la autoridad migratoria y la policía, con el objetivo de deportar a migrantes irregulares en el país. Esta decisión se produce poco después de asumir el cargo el 7 de agosto de 2026, en un contexto marcado por un devastador terremoto que ha dejado más de 300 muertos y miles de viviendas destruidas.
Durante un consejo de seguridad en Barranquilla, su ciudad de referencia, De la Espriella instruyó a las autoridades que la prioridad deben ser los migrantes que cometan delitos. “La orden a Migración es clara: primero los que están cometiendo delitos, y segundo aquellos que no tienen su situación regularizada; en el término de la distancia, tendrán que ser deportados”, reveló en un video filtrado de la reunión.
El mandatario no ha escatimado en dejar claro su postura: “No voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo lo colombianos y tercero lo colombianos, para que le quede claro a todo el mundo”. Esta política ha desatado un intenso debate a nivel nacional, especialmente considerando que Colombia ha sido un destino principal para la migración venezolana en la última década, una situación impulsada por la grave crisis en el país vecino. Según datos de Acnur, se estima que para 2025 habrá alrededor de 3 millones de venezolanos en Colombia.
Históricamente, la derecha colombiana ha promovido políticas de acogida hacia la diáspora venezolana, en un discurso que se ha opuesto fuertemente al chavismo. Sin embargo, De la Espriella ha cambiado el rumbo con su orden de ser contundente en la deportación de migrantes ilegales, sin distinción de origen. “Es una decisión política y yo la asumo. Es una decisión administrativa y yo la asumo”, enfatizó.
Colombia, que ha atravesado más de seis décadas de conflicto armado, no ha tenido tradición de recibir migrantes, siendo más bien un país que ha visto huir a millones de sus ciudadanos hacia Estados Unidos, España y otros destinos en busca de una vida mejor. Este nuevo enfoque del gobierno en materia de migración refleja una gestión crítica en un contexto complejo y volátil.
Esta decisión de deportación se enmarca en un panorama en el que muchas regiones de Colombia todavía están lidiando con las secuelas del desastre natural reciente, lo que añade una capa adicional de desafío a las autoridades que deben equilibrar la atención a la población nacional y los derechos de los migrantes. La implementación de esta política empezará en los próximos días y se anticipa que generará reacciones tanto en el ámbito político como social, tanto en Colombia como en Venezuela.
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