La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha generado gran expectativa, especialmente en el contexto de las recientes quejas y preocupaciones planteadas por el gobierno estadounidense. El informe de 2026 elaborado por la oficina del Representante Comercial, el USTR, se ha convertido en un faro que ilumina las tensiones existentes entre los dos países, con un enfoque particular en diversas áreas clave.
Estados Unidos, en su análisis, ha señalado que el déficit comercial de 196,900 millones de dólares en 2025, un aumento del 14.8% respecto al año anterior, es un tema delicado. A pesar de ser un informe técnico, este dato no puede pasar desapercibido, especialmente ante la atención que el presidente Trump otorga a los déficits comerciales.
Entre las quejas más destacadas, el USTR ha centrado su atención en las Aduanas de México, criticando la falta de notificación adecuada sobre cambios en procedimientos, algo que afecta la operatividad y la transparencia. Un ejemplo claro es la modificación a la Ley de Aduanas, publicada prácticamente para entrar en vigor de inmediato. Además, se identifica una preocupación por la suspensión de agentes aduanales sin que el proceso de aprobación de nuevos agentes haya regresado a la normalidad desde 2023.
El informe también aborda las deficiencias de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que sigue enfrentando retrasos de hasta 24 meses en la tramitación de permisos e inspectores insuficientes. Estas cuestiones impactan directamente en la capacidad del sector industrial para operar eficientemente, lo que genera preocupaciones sobre la seguridad y regulación de productos importados.
En el ámbito de la propiedad intelectual, la piratería sigue siendo un punto de conflicto. El USTR ha reiterado que México es uno de los países más afectados, citando lugares específicos como Tepito y San Juan de Dios, donde la venta de productos piratas es notoria. Aunque ha habido operativos, la solución a este problema sigue siendo insuficiente.
El sector energético es uno de los puntos más críticos. La preferencia de México por Pemex y CFE ha levantado serias preocupaciones en Washington, especialmente en cuanto a la dificultad que enfrentan las empresas privadas para participar efectivamente en el mercado energético. A esto se suma la preocupación por las deudas acumuladas de Pemex con empresas estadounidenses, que alcanzan los 2,500 millones de dólares a finales de 2025.
Otro tema que podría generar fricciones es la regulación del sistema electrónico de pagos, donde se ha criticado que las regulaciones del Banco de México y la CNBV complican la operación de empresas estadounidenses. En un mundo cada vez más interconectado, estas restricciones podrían impactar el flujo de servicios cruzados entre las naciones.
Por último, el USTR ha manifestado su preocupación sobre las regulaciones ferroviarias, dado que México ha optado por adoptar estándares europeos en seguridad en lugar de los estadounidenses. Esta decisión, que podría obstaculizar la integración de nuevas líneas al sistema ferroviario norteamericano, plantea serios interrogantes sobre la futura cooperación entre los socios comerciales.
A medida que se aproximan las negociaciones, estas inquietudes destacan la complejidad de la relación comercial entre México y Estados Unidos, subrayando la necesidad de un enfoque colaborativo y eficaz para abordar los retos que presenta el T-MEC. Las próximas acciones en este sentido serán cruciales para definir el rumbo de esta importante relación comercial en los años venideros.
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