Hace tres años y medio, en abril de 2019, fue denunciada la desaparición de Jesús María G., un bilbaíno de 67 años residente en la localidad cántabra de Castro Urdiales. Su pareja, Carmen M., una mujer de 61 años y con la que llevaba unos siete, le entregó poco después a una amiga una caja de cartón y le pidió que se la guardara, pues contenía “juguetes sexuales” que le daba vergüenza que viera la Guardia Civil si los agentes inspeccionaban su vivienda en busca de pistas sobre el caso. El hedor que desprendía la caja, que la amiga guardó en un armario, la impulsó a avisar a las autoridades, que descubrieron dentro un cráneo. Los análisis científicos revelaron que esos restos eran del hombre desaparecido, por lo que fue detenida su novia, de origen sevillano pero también afincada en Cantabria. Este lunes ha comenzado el juicio contra Carmen M., para quien la Fiscalía pide 25 años de cárcel y los hijos del difunto, personados como acusación particular, prisión permanente revisable. Ella lo ha negado todo.
Las ocho mujeres y un hombre que conforman el jurado popular escucharán durante varias sesiones las declaraciones de las partes. La acusada solo ha respondido este lunes las preguntas de su abogado, que reclama la absolución. “Me daba muchísima vergüenza si la policía iba a casa y lo encontraba”, ha explicado ante el tribunal al relatar por qué llevó a casa de su amiga la caja, en la que ella sostiene que había juguetes sexuales. La defensa ha insistido en que no hay pruebas en su contra y en que la instrucción ha sido “un desastre”.
El abogado ha preguntado a su clienta si solo ella accedía a la vivienda que compartía con Jesús María G., y la mujer ha respondido que también tenían llave los hijos del fallecido y la amiga a la que entregó la caja, sobre la que el letrado ha tratado de orientar las sospechas y que en las próximas fechas está citada como testigo. “Yo suponía que sí era mi amiga”, ha manifestado la acusada, que ha asegurado que la otra mujer “le tiraba los tejos” a la víctima. En hora y media de comparecencia, la única sospechosa ha reiterado su independencia económica para replicar la tesis de la acusación particular y del fiscal, que ven un móvil económico en la muerte del varón, cuyo cuerpo nunca fue encontrado. También ha negado haber suministrado fármacos relajantes al hombre, un elemento que el ministerio público argumentó para subrayar que existió “un delito de asesinato por la debilidad y la no defensa de la víctima”.
La abogada de la familia de la víctima ha esgrimido igualmente que, “con un claro fin de acabar con su vida, le procuró medicamentos para que perdiera la conciencia y no se pudiera defender”, incidiendo en el “ensañamiento con el cuerpo”, que fue decapitado. El letrado de la acusada ha reconocido ante el jurado popular que se trata de “un juicio especialmente complejo” en el que intentará “pelear contra prejuicios, juicios mediáticos y bulos” contra su defendida, que lleva desde 2019 en prisión provisional en el cercano penal de El Dueso (Santoña, Cantabria).
Durante la sesión, que proseguirá este martes, Carmen M. ha negado haber realizado las búsquedas que quedaron registradas en su ordenador y que podrían resultar incriminatorias. Alguien escribió en Google desde ese ordenador: “Si mi marido desaparece, ¿cobro la pensión?” o “¿Cuánto tarda en descomponerse un cadáver?”. La sevillana ha respondido, enseñando unos papelitos, que las claves y las contraseñas de usuario del equipo estaban escritas a disposición de cualquiera en la casa, y ha deslizado que sus hijos, que tuvo con una pareja anterior, rara vez usaban el dispositivo, algo que sí hacían, ha asegurado, los vástagos de la víctima, a quienes también ha señalado por no mostrar, en su opinión, demasiado interés en denunciar su desaparición a las autoridades.
La acusada ha abierto la ronda de interrogatorios pese a que su letrado ha intentado posponer su intervención al último lugar de los turnos previstos. También ha sido desestimado su ruego de que el juicio fuese a puerta cerrada. El jueves 17 de noviembre terminarán las declaraciones salvo que los tiempos de las intervenciones modifiquen lo estipulado.
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