La inminente elección de jueces y magistrados en nuestro país ha despertado serias preocupaciones, a pesar de las advertencias de expertos y académicos reconocidos. En tan solo 20 días, se llevará a cabo un proceso electoral que está gravemente cuestionado. La falta de certeza jurídica y procedimental es evidente, ya que no serán los ciudadanos quienes cuenten los votos, sino únicamente funcionarios del INE, reduciendo el número de contadores de 1.5 millones a un reducido grupo de funcionarios distritales.
Las boletas se contabilizarán en consejos distritales federales, con la asistencia de institutos locales, lo cual pone en duda la transparencia del proceso. Esta dinámica podría impactar negativamente en la conformación y administración de la justicia en la nación, ya que los jueces y magistrados podrían adquirir una legitimidad similar a la de los legisladores y ejecutivos, pero basada más en intereses políticos que en la legalidad.
Además, al restringir la movilidad de los jueces dentro del ámbito electoral, se corre el riesgo de limitar su capacidad para cambiar de adscripción si se ven amenazados, fracturando así la distinción entre la justicia local y federal. Esta situación promete problemas serios en la administración de justicia.
Mientras tanto, fuera de la CDMX, existen esfuerzos significativos de reflexión en lugares como Mérida, Yucatán. En la estación 88.9 FM (Telesur), el programa semanal conducido por Gastón Lamberry figura como un espacio de análisis profundo, donde se abordan estas preocupaciones. Recientemente, Diego Valadez, uno de los invitados, expuso un argumento que merece atención: Si solo el 10% del electorado participa el 1 de junio, se podrían generar más de 2,220 millones de votos que serían contabilizados por apenas 7,219 empleados de los consejos distritales a lo largo del país, haciendo parecer que la elección ya podría estar decidida de antemano.
Esta cifra pone de relieve la imposibilidad de llevar a cabo un conteo honesto y transparente, sugiriendo que los resultados podrían haber sido preparados con anticipación. Un ejemplo extremo es Durango, donde el número de candidatos se alinea exactamente con el de los cargos disponibles, lo que refuerza las inquietudes sobre la integridad de este proceso electoral.
La fecha del 1 de junio se avecina, y con ella, una serie de interrogantes sobre la legitimidad y viabilidad del proceso electoral. En este contexto, el desafío está en asegurar que la justicia no se convierta en una herramienta más de la política, sino que mantenga su independencia y funcionalidad en beneficio del país.
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