El reciente apagón en la red eléctrica española, ocurrido el lunes 30 de abril de 2025, ha encendido alarmas sobre la posibilidad de un sabotaje informático dirigido hacia infraestructuras críticas del país. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha decidido mantener la causa bajo secreto, una medida solicitada por la Fiscalía que busca salvaguardar la integridad de la investigación y prevenir posibles interferencias que complicarían el proceso.
“A través de esta decisión, se espera impedir cualquier acción que pueda entorpecer los resultados de las diligencias acordadas y proteger información sensible que comprometa la seguridad de servicios esenciales”, señala el magistrado. En sus primeros pasos, Calama ha instado al Centro Criptológico Nacional y a Red Eléctrica a presentar, en un plazo inaplazable de diez días, informes detallados sobre las causas del apagón. Además, solicitó un informe preliminar a la Jefatura de Información de Policía, también en diez días.
El evento, que ocurrió alrededor de las 12:30 horas, resultó en la pérdida abrupta de 15 gigavatios de energía, un 60% de la demanda en ese momento. Calama describió la situación como crítica, dada su implicación en servicios vitales como salud, energía, y transporte, factores que inciden directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos.
El juez también enfatiza la preocupación por la seguridad en cascada. Al hacer referencia al artículo 573 del Código Penal, señala que los delitos informáticos pueden ser considerados actos de terrorismo si su objetivo es desestabilizar gravemente el orden constitucional o interrumpir servicios esenciales. Este enfoque es particularmente pertinente en el contexto actual de creciente interdependencia de las infraestructuras.
En su resolución, Calama revoca a estudios previos que resaltan la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas ante ataques cibernéticos. Rememoró el apagón de Ucrania en 2016, causado por ciberataques que resultaron en la interrupción del suministro eléctrico a millones de personas. Esta referencia subraya la gravedad de la amenaza que enfrentan actualmente las infraestructuras españolas, especialmente considerando que el informe de 2017 del Centro Criptológico Nacional advierte sobre el predominio de ataques originados desde estados extranjeros.
La naturaleza del ciberterrorismo hace que estas infraestructuras sean un blanco atractivo, y el magistrado destaca la posibilidad de un colapso sistémico si se materializan ataques en cadena. Este contexto justifica la urgencia de tomar medidas adecuadas para proteger los servicios que sostienen a la sociedad.
El llamado a la acción es claro y urgente. Calama apunta a la relevancia de contar con políticas robustas y efectivas para prevenir, detectar y responder a estos desafíos en un mundo cada vez más digitalizado. La seguridad de los ciudadanos depende en gran medida de la estabilidad y protección de las infraestructuras críticas que sustentan la vida moderna.
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