El diseño del Paquete Económico 2027 es una asignatura compleja para el Secretario de Hacienda, Édgar Zamora, quien enfrenta el reto de equilibrar tres grandes objetivos: reducir el déficit fiscal, detonar el crecimiento económico y facilitar resultados favorables a Morena en las elecciones intermedias. Este trinomio se asemeja a una “Misión Imposible”, donde buscar conciliar disciplina fiscal con rentabilidad política se convierte en una necesidad urgente para evitar un círculo vicioso de bajo crecimiento.
De acuerdo con las proyecciones, el déficit fiscal actual del Gobierno está cercano al 4.1% del PIB, con la promesa de reducirlo a 3.9% para el 2027. Todas las miradas están puestas en las agencias calificadoras, como Fitch, Moody’s y S&P, que no son ajenas a estos compromisos y han dejado claro que esperan un esfuerzo más ambicioso en este sentido. Los márgenes de maniobra son acotados; los principales rubros como programas sociales, el servicio de la deuda y las transferencias a estados y municipios permanecen intocables.
Una de las interrogantes cruciales es si el objetivo del 3.9% será suficiente para satisfacer a las calificadoras y evitar la degradación del grado de inversión de la deuda mexicana. Las críticas sobre la asignación de 81,000 millones de pesos a Pemex son especialmente relevantes, ya que el plan original preveía que en 2027 no se requerirían más transferencias a la petrolera.
Respecto al crecimiento económico, la administración de Claudia Sheinbaum ha enfrentado una tasa de apenas 1% anual en sus dos primeros años. Con el 2027 marcando un periodo clave en cualquier sexenio, el presupuesto incluye 150,000 millones de pesos dirigidos a proyectos de infraestructura como ferrocarriles y electricidad, alineándose con el denominado Plan México. Sin embargo, la confianza empresarial está en niveles bajos, y recorrer el camino desde la teoría del presupuesto a la práctica se presenta como un desafío considerable.
Además, la inversión en infraestructura ha sido ajustada en un contexto de restricciones fiscales, y si las metas de ingresos no se cumplen, el financiamiento de obras emblemáticas corre el riesgo de ser recortado. A esto se suma un déficit presupuestario proyectado para 2027 que alcanzará 1 billón 358,558 millones de pesos, lo que implica un gasto diario de 3,722 millones de pesos más de lo que ingresa.
La lectura política del presupuesto no se puede pasar por alto, especialmente cuando las elecciones intermedias se aproximan. Esta realidad influyó en la decisión de no plantear una reforma fiscal en 2026, y la presión para que el gasto público sea una palanca de apoyo para los candidatos de Morena es inminente. Zamora deberá navegar las aguas políticas del Palacio y del Congreso para asegurar que el presupuesto funcione de manera efectiva en términos políticos.
Por último, el papel de la Presidenta se convierte en una cuestión clave. El uso estratégico del presupuesto ha demostrado ser efectivo en elecciones pasadas, pero su aplicación desordenada ha alterado las finanzas públicas de tal manera que su corrección se torna complicada. La forma en que se maneje esta situación será fundamental no solo para el futuro administrativo del Gobierno, sino para el bienestar económico del país. En este contexto, la habilidad de Zamora para equilibrar estos temas será crítica en el camino hacia 2027.
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