Los dirigentes nacionales del PRI y del PAN han intensificado su oposición a la reforma electoral propuesta por el gobierno federal, argumentando que se trata no de una modernización del sistema democrático, sino de un intento por controlar las elecciones, debilitar a la oposición y perpetuarse en el poder.
Durante un evento celebrado en Durango el domingo 18 de enero de 2026, Alejandro Alito Moreno, presidente del PRI, expresó su preocupación al afirmar que el objetivo del gobierno es “controlar las elecciones, desaparecer a la oposición y perpetuarse en el poder.” Moreno hizo una fuerte comparación, sugiriendo que esta situación podría asemejarse a regímenes autoritarios como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua. En este sentido, el líder priista convocó a su militancia para que no se someta ante la reforma planteada.
El Partido Acción Nacional (PAN) se unió a estas críticas, advirtiendo que la reforma electoral representa un peligro directo para la democracia en México. Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, sostuvo que Morena busca fortalecer un modelo autoritario a través de modificaciones legales que amenazan la pluralidad y la equidad durante los comicios. Aseguró que el PAN está a favor de una reforma electoral auténtica, pero se opone firmemente a una iniciativa que, según él, ha sido “diseñada desde el Ejecutivo, elaborada por militantes del partido en el poder y excluyendo a la oposición y a la ciudadanía.”
Romero Herrera subrayó que “cuando el gobierno escribe las reglas, controla al árbitro y compite al mismo tiempo, la democracia deja de existir.” Simultáneamente, criticó la negativa del gobierno federal a establecer un diálogo con las fuerzas opositoras, lo que agrava la situación política del país.
Además, el dirigente panista alertó sobre los intentos de debilitar al Instituto Nacional Electoral, así como de centralizar funciones que deberían permanecer bajo un marco de autonomía. Afirmó que estas acciones podrían regresar a México a una época en la que el gobierno organizaba las elecciones, un contexto que los ciudadanos han luchado por evitar. También mencionó la intención de eliminar mecanismos de representación proporcional, bajo la justificación de austeridad, lo que podría tener repercusiones significativas en la representación política.
La postura firme de ambos partidos sugiere un clima de creciente tensión política en torno a la reforma electoral, que se perfila como un punto crucial en el debate sobre la salud democrática del país. La señal de alerta lanzada por líderes de la oposición resuena con preocupaciones civiles sobre la calidad y equidad del proceso electoral en México, dejando en evidencia la necesidad de un diálogo inclusivo que garantice la participación activa de todos los sectores involucrados.
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