En medio de las crecientes tensiones en el gobierno estadounidense respecto a las exportaciones de diésel y su impacto en los precios de este combustible, se destaca una preocupante problemática en México: el fenómeno del huachicol fiscal. La situación es crítica, pues se estima que el diésel obtenido de manera ilegal representa un 12% del consumo nacional y una cuarta parte de las importaciones.
Durante el primer semestre de 2026, el consumo aparente de diésel en México se ha mantenido en aproximadamente 411,000 barriles diarios. De esta cifra, 273,000 barriles son producidos por Petróleos Mexicanos (Pemex), mientras que 54,000 provienen de importaciones legales de la empresa estatal y unos 84,000 barriles son comprados al extranjero por empresas privadas. Esta balanza revela que cerca de 138,000 barriles diarios, equivalentes a un tercio del consumo total, son importados, y el 97% de estos llegan de Estados Unidos.
Un informe del Observatorio Ciudadano de la Energía indica que, a pesar del incremento en la producción de diésel en México, las importaciones ilegales de este combustible desde Estados Unidos han permanecido consistentes en los últimos años. En promedio, 55,000 barriles diarios de diésel son ingresados al país de manera ilegal, lo que marca un crecimiento en comparación con los 47,000 barriles estimados en 2025.
La dinámica del contrabando de diésel ha resultado en un incremento del 1.2% anual en el consumo aparente de este combustible en México durante los últimos cinco años. Este crecimiento es notable, considerando que el 25% del diésel importado desde Estados Unidos ha sido por rutas ilegales en los últimos tres años.
Frente a esta situación, la administración estadounidense está considerando un plan para prohibir la exportación de diésel durante 90 días con el fin de contener los precios, que han alcanzado niveles récord en fechas recientes. Mientras se implementan estas medidas, las autoridades mexicanas deben enfrentar las complicaciones que el huachicol fiscal acarrea a su economía, un desafío que exige atención y acciones decisivas.
La situación demanda una reflexión seria sobre cómo mitigar los efectos de este contrabando tanto en las finanzas públicas como en el bienestar general del país. El constante flujo de diésel ilegal pone en riesgo no solo la salud económica de México, sino también la integridad de sus mercados y la confianza en los sistemas de regulación y fiscalización.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
