Desde 2022, la rendición de cuentas en el ámbito de la salud en México ha mostrado una alarmante tendencia a la baja. Según el Índice de Transparencia del Gasto en Salud (ITGSEF) 2025, el promedio nacional se ha establecido en 44.93 puntos, donde cero refleja una transparencia nula y 100 indica un alto grado de transparencia.
A pesar de contar con un marco técnico, humano y financiero adecuado, 26 gobiernos estatales han sido señalados por simular la transparencia. En lugar de ofrecer información accesible y útil, publican datos incompletos o desorganizados en sus portales, muchas veces en formatos difíciles de consultar, como PDFs no editables. Cutberto Anduaga, director de Aregional, ha resaltado esta grave violación al derecho humano de acceso a la información.
El ITGSEF evalúa la disponibilidad, calidad y accesibilidad de la información fiscal y de gestión en salud pública a través de seis bloques clave: marco normativo, planeación presupuestal, informes financieros, adquisiciones, control de inventarios y certificaciones de calidad. Cada bloque es puntado basándose en la actualización y formato de los documentos revisados. Sorprendentemente, el primer bloque, que examina la publicación de leyes y normativas, presenta el mejor cumplimiento, alcanzando un 68.83%, lo que demuestra solo un cumplimiento mínimo en los estados. Aunque algunos estados publican leyes de salud, la falta de actualización y conexión con programas específicos es evidente.
El bloque dedicado a la rendición de cuentas muestra un cumplimiento de 59.37%. Sin embargo, la situación no mejora en el tercer bloque, que evalúa los costos operativos, donde solo se reporta un promedio de 45.56%. Esta disfuncionalidad revela que el 75% de los gobiernos estatales son deficientes en términos de transparencia en cuatro de los seis bloques analizados.
Con respecto al rendimiento de los estados en comparación con el año anterior, Sonora sufrió una caída alarmante, perdiendo 25 puntos y ubicándose en el lugar 31 del ranking nacional. Le siguen Tlaxcala y Veracruz, que también mostraron retrocesos significativos en sus índices de transparencia, debido a la falta de actualización en sus portales y sistemas de información. Estos reveses resultan alarmantes, ya que ponen de manifiesto que los avances en transparencia son frágiles y pueden revertirse rápidamente sin mecanismos de supervisión adecuados.
A pesar del panorama negativo, cinco estados han logrado alcanzar un alto nivel de transparencia. Guanajuato lidera el ranking con 91.79 puntos, seguido por Sinaloa, Jalisco, Querétaro y Aguascalientes. Yucatán también mostró un nivel suficiente de transparencia, a diferencia de otros estados que, aunque mejoraron, aún no alcanzan el promedio nacional.
En agosto de 2023, un decreto estableció que los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) serían transferidos al Fondo de Salud para el Bienestar, administrado por el IMSS-Bienestar. No obstante, nueve entidades se negaron a firmar este acuerdo, lo que las ha mantenido entre las más transparentes. Este nuevo modelo plantea retos significativos, ya que la centralización de recursos podría limitar la capacidad de rastrear gastos por estado, complicando la supervisión del uso de financiamiento para medicamentos y equipos.
La situación demanda atención inmediata. Aregional subraya que el gobierno federal tiene la oportunidad de establecer mecanismos que fomenten la transparencia en el gasto público, sugiriendo que los estados deben responder por sus recursos de manera efectiva, ya que la pérdida de fondos debe generar interés para exigir rendición de cuentas.
En resumen, la calidad y accesibilidad de la información fiscal en el sector salud es crítica y requiere de acciones urgentes para fortalecer la transparencia, vital para el bienestar de la ciudadanía.
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