A querer o no, la aprobación del Senado y la promulgación del “plan B” es quizá desde la mitad del siglo pasado el golpe más fuerte a la democracia que ha dado el gobierno federal, en la trayectoria de la incipiente democracia mexicana.
El que se haya hecho entrar en vigor es, desde luego, un golpe al INE, pero no sólo eso; es exactamente igual que un bombardeo contra una ciudad, una destrucción de lo que los mexicanos construimos en los más de treinta años que hemos buscado acercarnos a lo que es una auténtica democracia electoral.
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A querer o no, las últimas semanas del actual presidente del INE, y de otros tres consejeros, son y han sido quizás una de sus más duras tareas, ante la impotencia porque no existan los consensos en un país en el que las reformas anteriores fueron con el acuerdo de todas las fuerzas políticas; y se critica al “PRIAN”, pero tenemos que reconocerle a los tres partidos de oposición que lucharon porque se iniciara un proceso democrático en México (y los que estaban en el poder lo permitieron); un proceso que por más de treinta años dio frutos importantes como la alternancia en los cargos de elección popular, y que el propio PRI, siendo el partido hegemónico, accedió al acuerdo con sus adversarios.
Ahora las cosas han cambiado, el gobierno actual trata de buscar que no exista más que una sola voz, que lo que el presidente piensa y ordena sea acatado como en la época de los emperadores romanos, dándole al pueblo algo de dinero, aunque en realidad lo mantenga pobre y necesitado, en una filosofía autocrática que está fuera del desarrollo de la democracia en el mundo.
Esto no quiere decir que todo sea malo en el “plan B”, pero darle la puntilla al INE en una revancha porque el ahora presidente del país perdió una elección, nos muestra una serie de frustraciones y complejos que no han sido superados; y, por desgracia, el ejecutivo está rodeado de focas amaestradas, no de colaboradores, que le aplauden todo lo que dice y hace, a pesar de que saben y entienden que está mal.
Sin duda, de las modificaciones propuestas, son dos las más graves junto con otras que habían sido batallas ganadas, pero que ahora se han perdido a pesar de estar ya en la Constitución.
Acabar con las juntas distritales es como amarrarle las manos al pianista, no funcionará la elección sin ellas; las juntas locales sólo suman -esas se pueden ir-, pero las distritales son las que realmente trabajan y operan durante los procesos electorales, por lo que querer eliminarlas hace notoria la ignorancia o la mala fe, como usted quiera, de quien lo propone.
Querer controlar una vez más el padrón electoral, y por tanto la lista nominal, que es con la que se va a votar, es regresar a las épocas del autoritarismo puro, es acabar con la libertad que tanto ha costado, y que vuelvan a “votar los muertos” y los que no asisten.
El Secretario General del INE ya renunció, y es quien coordina a todo el inmenso aparato de la institución, aparato que se puede adelgazar, pero sin destruir las cabezas sin entender la complejidad de una institución que, si bien es cierto, necesita reformarse, no es destruyéndola de la manera que se pretende hacerlo.
Las violaciones a lo que mandata la Constitución están a la vista de todos, esperamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo confirme y ponga las cosas en su lugar.
Las declaraciones de la Presidente de la Suprema Corte nos señalan que está por el respeto irrestricto de la Constitución; y esperamos tenga la mayoría para declarar la inconstitucionalidad del dichoso “plan B”.
Ahora estamos en sus manos y esperemos que se respete la ley de leyes, porque -la verdad- si eso no ocurre, no sabemos a dónde iremos a parar.
Por lo dicho, tenemos que hacer consciencia de que lo que los ciudadanos podemos hacer, además de salir a la calle como el pasado domingo 26, es salir a votar y no dejar que continúe creciendo la antidemocracia que pretende limitar o incluso destruir nuestra libertad. ¿No cree usted?
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