#España #Agua | El Consejo de Estado aprueban este jueves el recorte del trasvase Tajo-Segura con la aprobación por unanimidad del dictamen sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se revisan 12 planes hidrológicos de cuenca y que respalda que el Tajo cuente con un caudal ecológico mínimo que le permita mantenerse en buen estado.
Asimismo el Gobierno de Emiliano García-Page ha celebrado la aprobación del dictamen. “Es muy difícil que algo sea más legal que aquello que da respuesta a cinco sentencias de Tribunal Supremo que obligan a incluir en la planificación del Tajo los caudales ecológicos”, ha afirmado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo. Fuentes de la Generalitat valenciana, que preside el socialista Ximo Puig, se han mostrado prudentes al no conocer el detalle del dictamen pero han señalado que usarán “cualquier vía en defensa de los regantes de Alicante” y siguen abiertos al diálogo con el Gobierno.
El presidente de la Diputación de Alicante y del PP valenciano, Carlos Mazón, ha definido la revisión del plan hídrico como “el mayor hachazo” al trasvase Tajo-Segura de su historia. “La muerte anunciada del trasvase se consuma con los planes del PSOE, estamos ante un daño irreparable a la provincia de Alicante que va a afectar a la huerta de Europa, a la sostenibilidad, a la agricultura, a la economía de las miles de familias que viven del trasvase y a los precios de consumo”, ha asegurado en un comunicado el dirigente popular. El El colectivo agrario Asaja-Alicante ha mostrado su “tajante disconformidad” y ha anunciado que se concentrará el próximo martes frente al Palacio de la Moncloa para “defender la continuidad del trasvase”.
El plan de cuenca del Tajo contempla que el caudal ecológico a su paso por Aranjuez (Madrid) suba a de seis a siete metros cúbicos por segundo desde el 1 de enero de 2023, que pase a ser de ocho desde 2026 y que se eleve a 8,65 en 2027. El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) afirma que su aplicación haría inviable la agricultura que durante décadas ha dependido del agua trasvasada. La semana pasada miles de personas se manifestaron en Madrid en contra del recorte. El presidente murciano, Fernando López Miras, ha encabezado la representación de su comunidad autónoma, mientras que el Ejecutivo valenciano ha estado representado por la consejera de Agricultura, Isaura Navarro, y el andaluz por su homóloga en Andalucía, Carmen Crespo. El Gobierno de Pedro Sánchez asegura que ha elaborado un plan de inversiones de hasta 8.000 millones de euros en el periodo 2022-2027 para intentar apaciguar las protestas, consciente de la sensibilidad que rodea a la gestión de agua, tanto que puede influir en las comunidades afectadas en las elecciones autonómicas y municipales de mayo.
El informe preceptivo del Consejo de Estado incorpora los comentarios realizados por los consejeros y ha sido remitido esta misma tarde al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Los servicios jurídicos del departamento que dirige la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, analizarán el contenido del dictamen antes de la remisión al Consejo de Ministros de los planes de la cuenca para el tercer ciclo de planificación 2022-2027 para su aprobación definitiva. A continuación se comunicarán a la Comisión Europea, aunque con retraso, ya que España debía haberlo hecho antes de finalizar 2022.
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