Un grupo de docentes y académicos de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ) presentaron una demanda grupal por despidos injustificados contra el Organismo Coordinador de las universidades, a través de la cual exigen su inmediata reinstalación y el reconocimiento de sus derechos laborales.
Se trata de alrededor de 40 trabajadoras y trabajadores de las Universidades de la llamada Cuarta Transformación que presentaron cuatro procesos de demanda grupal ante la Junta de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, mismos que están en espera de que todos los expedientes puedan ser llevados en un mismo caso.
Durante una conferencia de prensa, los docentes aseguraron que iniciaron la demanda debido a que Raquel Sosa Elizaga, directora general del Organismo Coordinador, “ha ignorado las demandas de docentes despedidos injustificadamente”, por lo que esta vez pidieron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para que ratifique su lema “al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie” y proceda a analizar la situación bajo la que se encuentran.
“Como organización de docentes que hemos sido despedidas y despedidos denunciamos que con nuestro despido se ha menoscabado la calidad educativa de al menos 50 sedes de las UBBJG del país, en perjuicio de más de mil estudiantes. Además, prevalece la precariedad laboral de las y los docentes que aún se encuentran en activo, a quienes se les obliga a asumir una mayor carga laboral y a firmar convenios de colaboración que los deja en condición de beneficiarios sociales”, afirmaron.
Esta versión fue desestimada por la misma Raquel Sosa quien, en entrevista con la Organización Editorial Mexicana, afirmó que “no hay despidos, sino renovación de convenios de profesores”, por lo que se dijo en disposición de revisar los casos donde alguien piense que se cometió una injusticia en su contra.
Sin embargo, a más de nueve meses y ante lo que calificaron como una “situación de violencia laboral y falta de compromiso”, los docentes hicieron un llamado a diversos funcionarios públicos como Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública y Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, para que “atiendan esta situación de acoso y violencia laboral”.
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