De acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM), de enero a agosto pasado un total de 147 mil 33 migrantes que se dirigían a Estados Unidos fueron detenidos en el país, lo que equivale a 605 al día, la cifra más alta de la que tengan registro las autoridades.
La cifra no sólo es tres veces más alta a los detenidos durante el mismo periodo del año anterior, sino que supera el récord histórico de 522 arrestos por día, registrado en 2015 durante el gobierno priista de Enrique Peña Nieto, cuando se aplicó el programa Frontera Sur como política de contención a la llegada de migrantes centroamericanos que buscaban ir a Estados Unidos.
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De hecho, según los archivos de Migración, el número de indocumentados detenidos en los primeros ocho meses de este año es la cifra más alta de la que se tenga registros.
También supera a los migrantes africanos detenidos durante 2021 por los gobiernos de España, Grecia, Italia y Alemania, cuyo promedio diario no alcanza los 300, según cifras de la Comisión Europea.
Las detenciones de migrantes en México se han convertido en una “cacería” y se debe principalmente al acuerdo que ambos países firmaron, bajo la presión de Estados Unidos, en junio de 2019, estiman organizaciones de la sociedad civil.
Como parte del pacto, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador accedió a desplegar su recién creada Guardia Nacional en sus fronteras sur y norte.
En abril pasado, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que había10 mil elementos de la GN resguardando la frontera sur. Después, el gobierno de México informó que eran 12 mil los funcionarios que estaban en la zona, pero no todos eran de la Guardía, también había personal del DIF y otras dependencias.
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Esta medida se acordó para detener el flujo migratorio hacia Estados Unidos y permitir la expansión de los Protocolos de Protección al Migrante (MPP, conocido como “Quédate en México”), obligando a miles de personas solicitantes de asilo a esperar en ciudades fronterizas mexicanas para sus audiencias de asilo en la Unión Americana. El acuerdo se dio en medio de las amenazas de la administración Trump de imponer aranceles a los productos mexicanos si no se detenía el flujo migratorio.
La mayoría de las detenciones en México han ocurrido en Chiapas (72 por ciento), específicamente en Tapachula, puerta de entrada de miles de migrantes procedentes en su mayoría de Haití, Honduras, El Salvador y Guatemala.
La ciudad fronteriza se ha convertido en una “prisión” para los indocumentados, quienes cansados de esperar a que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) resuelva sus solicitudes de asilo, han protagonizado nuevas caravanas y enfrentado a la Guardia Nacional.
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“La Guardia Nacional los tiene atrapados, cercados en Tapachula, donde los refugios están desbordados y ya no se consiguen viviendas para rentar o las que hay se cotizan por encima de los siete u ocho mil pesos mensuales. Hasta 20 personas comparten una habitación de cuatro metros cuadrados”, afirmó Josue Castañeda, integrante del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano.
“La Guardia Nacional nos está deteniendo, nos piden nuestros papeles y los rompen, nos detienen y nos expulsan en autobuses hacia Guatemala, lo que representa una tortura porque muchos intentan regresar por las noches hacia México con niños”, narró por su parte Bety, representante de miles de haitianos que esperan respuesta en Tapachula a sus solicitudes de refugio.
“Estamos desprotegidos, cuando vamos a la calle, los primeros a los que detiene la Guardia Nacional es a los negros, detienen los autobuses para que no salgamos de Tapachula y lo primero que dicen es: ‘que bajen los negros’”, narró Bety el viernes durante una conferencia convocada por el Instituto de las Mujeres para la Migración (IMUMI) para discutir soluciones a la situación migratoria que se está viviendo en Chiapas.
