El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) informó que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, detuvieron al presidente municipal de San Esteban Atatlahuca, Rogelio Bautista Barrios, y el regidor de Hacienda, Carlos Reaño Sandoval, al ser señalados como presuntos responsables del ataque a tres comunidades de la Mixteca, que dejaron más de 100 casas quemadas, 132 familias desplazadas, cinco personas desaparecidas y dos personas asesinadas
Los hechos ocurrieron los días 21, 22 y 23 de octubre del 2021, cuando los detenidos y otras personas de Atlatahuca recorrieron en varios vehículos y con armas de fuego las comunidades de Ndoyonoyuji, Guerrero Grande y Mier y Terán, pertenecientes al mismo ayuntamiento.
Hasta ahora no se ha precisado el móvil por el que atacaron a cientos de familias, a las que obligaron a salir de sus casas, para después prenderles fuego a más de cien de éstas.
En el lugar asesinaron a Jacinto Hernández Barrios e Isidoro Hernández, quienes trataron de oponerse.
Las víctimas fueron desplazadas de manera forzada, en tanto que desaparecieron Mayolo Quiroz Barrios, Marco Quiroz Riaño, Miguel Bautista Avendaño y Donato Bautista Avendaño.
Hasta ahora la agresión se había mantenido impune, a pesar de la identificación de los agresores y fue hasta este viernes que se detuvo a los dos primeros implicados, luego de que éstos habían amenazado de que este sábado 23 de julio, un grupo de personas se introducirán a la comunidad de Guerrero Grande, San Esteban Atatlahuca, en forma violenta.
Tras la aprehensión, los familiares de las víctimas y beneficiarios de medidas cautelares de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y víctimas de desplazamiento forzado interno convocaron al gobierno mexicano al cumplimento de medidas cautelares y solicitan que lo más pronto posible se convoque a la partes a una primera reunión para nombrar una comisión de mediación imparcial.
Solicitaron al gobierno federal y el estatal que de manera urgente brinde la seguridad suficiente en la comunidad de Guerrero Grande, San Esteban Atatlahuca, “para prevenir un daño irreparable de pérdida de vida, ya que este 23 de julio del 2022 las autoridades de Atatlahuca tienen previsto una incursión en esta comunidad”.
Por este caso, el 23 de diciembre del 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al Estado mexicano la medida cautelar número MC-1050-21 a favor de familias de las comunidades indígenas de Guerrero Grande y Ndoyonuyuji y otros respecto de México.
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