Durante una sesión que comenzó el martes por la mañana y concluyó en la madrugada del jueves, la Cámara de Diputados aprobó el Paquete Económico 2027, que incluye la Ley Federal de Derechos, la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y la Ley de Ingresos de la Federación. Estas leyes buscan reorganizar la captación de recursos del Estado y autorizan un endeudamiento público que llegará a cerca del 55% del Producto Interno Bruto (PIB).
La Ley de Ingresos establece un límite máximo de deuda para el gobierno federal de 1.7 billones de pesos, cifra menor a los 1.78 billones autorizados en 2026. Sin embargo, en el periodo 2018-2026 la deuda pública total aumentó un 90%, pasando de 10.55 billones a 20.06 billones de pesos. Para 2027, se prevé una recaudación de 10.6 billones de pesos.
La oposición criticó que los ingresos fiscales ordinarios y petroleros no son suficientes para cubrir el gasto público, lo que ha obligado a un endeudamiento histórico y a aumentar los cobros por derechos e impuestos. Señalaron que la caída real del 14% en ingresos petroleros, el nivel más bajo desde 2020, refleja el agotamiento de recursos de la industria energética nacional y Pemex, trasladando la carga fiscal a los contribuyentes.
Además del endeudamiento, la Ley Federal de Derechos contempla incrementos en costos de trámites, licencias y servicios públicos. Entre estos aumentos están los cobros para turistas extranjeros, visas, permisos para fideicomisos de inversión, trámites inmobiliarios, protocolos de investigación de medicamentos y concesiones ferroviarias, de agua y espacio aéreo. La Secretaría de la Defensa Nacional recibirá el 57% de los recursos derivados de la cuota pagada por visitantes extranjeros, un aumento de 7 puntos porcentuales respecto a años anteriores, mientras que Migración verá reducido su porcentaje del 26 al 15%, y el resto irá a la Tesorería.
Los legisladores del bloque oficialista, integrado por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, defendieron que estas leyes fortalecen la hacienda pública sin aumentar impuestos. Rechazaron la propuesta de cobrar tenencia a yates, helicópteros y jets privados de lujo. Aseguraron que los recursos obtenidos permitirán mantener programas sociales y respaldar obras de infraestructura en agua, salud, educación y transporte.
Respecto a la Ley del ISR, se prevé una recaudación adicional de entre 130 mil y 140 mil millones de pesos mediante medidas contra empresas factureras y la eliminación de beneficios fiscales injustificados. La ley establece un límite máximo para las deducciones autorizadas, que será de entre 96.67% y 99% según el comportamiento de la empresa, y limita la reducción de pérdidas fiscales al 50% de la utilidad fiscal del ejercicio.
Los legisladores oficialistas argumentaron que estudios estiman una evasión potencial de 131 mil millones de pesos en personas morales entre 2018 y 2023 y que estas medidas garantizan que los sectores con mayor capacidad económica contribuyan proporcionalmente. Por su parte, la oposición de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano rechazó la reforma, calificándola de fiscalización punitiva y “terrorismo fiscal” que afectará a los contribuyentes cumplidos. Señalaron que limitar deducciones y reducir la deducción de intereses disminuirá la liquidez de las empresas, encarecerá créditos y desincentivará la inversión y generación de empleo.
Finalmente, en la Ley de Ingresos se aprobó una reserva presentada por Ricardo Monreal que elimina el tope de 300 millones de pesos para que contribuyentes con adeudos mayores puedan acceder a beneficios fiscales, como la condonación de multas y recargos al pagar el total del adeudo principal. Las tres leyes ahora serán sometidas a discusión y votación en el Senado.
Datos basados en información reportada originalmente por 24-horas.mx.
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