El Pleno de la Cámara de Diputados ha dado un paso significativo en la simplificación burocrática al aprobar, en un proceso acelerado, la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para crear una ley destinada a eliminar los trámites innecesarios que frecuentemente dificultan el acceso a servicios públicos. Con un resultado de 332 votos a favor y 130 en contra, el dictamen, que establece la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, busca transformar la administración pública mediante la digitalización y la mejora de la regulación en todos los niveles de gobierno.
Este nuevo marco legal, que se enviará al Senado para su discusión, incluye la creación de la “Llave MX”, un mecanismo nacional para la autenticación e identificación digital, que estará vinculado a la Clave Única de Registro de Población (CURP). Este sistema ya se utiliza en la Ciudad de México y pretende facilitar la interacción de los ciudadanos con las autoridades.
Además, se establecerá un Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios que definirá las responsabilidades de las distintas entidades gubernamentales para asegurar el correcto cumplimiento de la ley. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones será la encargada de supervisar y poner en marcha estas reformas a nivel federal.
Entre las medidas destacadas en esta ley se encuentran la eliminación de documentos innecesarios en los trámites, favoreciendo el uso de documentos digitales que tendrán la misma validez que los físicos. Asimismo, se pretende reducir los costos y tiempos de espera al fusionar procedimientos relacionados, y se evitará solicitar copias simples para gestionar trámites. De igual manera, se promoverá la digitalización de aquellos trámites que sean previamente simplificados.
Sin embargo, es relevante mencionar que la ley no será aplicable a asuntos fiscales, ni a las funciones del Ministerio Público o actos del Ministerio de Defensa y Marina, salvo en lo que respecta a la digitalización de gestiones en el Portal Ciudadano.
Durante las discusiones, el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, expresó su preocupación, afirmando que la ley podría propiciar el espionaje gubernamental, al otorgar poderes excesivos a la Agencia de Transformación Digital. Téllez calificó la reforma como una “trampa” que podría socavar la participación ciudadana y el sistema regulatorio existente.
Este contexto legal, que promete modernizar la burocracia, también despierta un debate sobre la seguridad de los datos personales y la vigilancia estatal, cuestiones que sin duda serán objeto de análisis en el transcurso de su implementación. La información presentada es a la fecha de su publicación original, 2025-04-28, y no refleja posibles cambios que puedan haber ocurrido desde entonces.
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