El Pleno de la Cámara de Diputados ha dado un paso significativo al aprobar la reforma a la Ley Antilavado, que modifica la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y el Código Penal Federal. Esta sesión, marcada por una discusión intensa y acusaciones de la oposición sobre una regulación excesiva, ha resultado en 349 votos a favor, 38 en contra y 91 abstenciones.
La reforma, impulsada por el senador morenista Javier Corral, busca atender las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Este grupo evaluará a México en su capacidad para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo este año, lo que ha hecho que la presión para reformar la legislación en este ámbito sea aún más imperiosa.
Uno de los puntos controversiales es la inclusión de nuevos sectores bajo estas regulaciones, como los desarrolladores inmobiliarios y los proveedores de activos virtuales. El panista César Augusto Rendón ha advertido sobre las potenciales dificultades para las pequeñas y medianas empresas (pymes), sugiriendo que sin un adecuado periodo de adaptación ni programas de capacitación, podrían verse empujadas a la informalidad o incluso a la parálisis.
Otro tema que ha suscitado preocupación es la definición y el tratamiento de las “personas políticamente expuestas”. La reforma estipula que este término incluye no solo a quienes han ocupado funciones públicas en México o en el extranjero, sino también a familiares y personas cercanas, cuyas características serán determinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esta vaguedad ha llevado a críticas por la posibilidad de una vigilancia excesiva y un riesgo de persecutorios sin controles judiciales adecuados, como ha subrayado la diputada Iraís Reyes de la Torre, de Movimiento Ciudadano.
Entre los cambios que trae la reforma, se destacan la ampliación del concepto de beneficiario controlador, una nueva definición para las Organizaciones Sin Fines de Lucro, así como la actualización de la relación de negocios. Se incorporan además sistemas de gestión de riesgo automatizados y nuevas obligaciones de reporte para notarios y corredores. También se añade la figura de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como víctima en estas operaciones.
Cabe mencionar que esta reforma se prenda en un contexto amplificado por señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra varios bancos mexicanos por presuntas implicaciones en lavado de dinero. Ante esta situación, es indudable que el debate sobre las implicaciones de esta ley será crucial para el futuro del entorno regulatorio en el país.
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