Diputados aprueban reforma sobre pensiones excesivas

La Cámara de Diputados ha dado un paso significativo hacia la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones en México. El 25 de marzo de 2026, con 458 votos a favor, se aprobó en lo general la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca regular los montos de retiro de los exservidores públicos en entidades y organismos descentralizados, entre ellos Petróleos Mexicanos (Pemex), Banobras y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La reforma se fundamenta en la necesidad de corregir profundas desigualdades dentro del sistema de pensiones en el país. La diputada Haidyd Arreola López, de la Comisión de Puntos Constitucionales, argumentó que existe un marcado contraste entre las "pensiones doradas" y aquellas que apenas alcanzan los 4,600 pesos mensuales, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Este enfoque busca asegurar un trato más equitativo para todos, alineándose con los principios establecidos en los artículos 127 y 134 de la Constitución, que promueven la proporcionalidad y la eficiencia en el gasto público.

El nuevo marco legal estipula que ninguna persona servidora pública podrá recibir una jubilación o pensión que supere la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo Federal, aproximadamente 67,000 pesos. Sin embargo, es importante señalar que las Fuerzas Armadas y algunas jubilaciones constituidas a partir de aportaciones voluntarias estarán excluidas de esta regulación.

Un aspecto relevante de la reforma es que todas las pensiones vigentes que no se encuentren excluidas deberán ajustarse al nuevo límite establecido, lo que implica un enfoque retroactivo. Esto generará un impacto notable en las pensiones previamente otorgadas, asegurando un sistema más justo y equitativo.

La discusión sobre este proyecto continúa en el Pleno, lo que promete ser un debate crucial en la búsqueda de un sistema de pensiones más justo para todos los mexicanos. La reforma representa un esfuerzo palpable por cerrar la brecha de desigualdad en el acceso y monto de las jubilaciones en el país, en un contexto donde el bienestar de los ciudadanos debe ser una prioridad.

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