Disminuyen robos, aumentan fraudes y extorsiones

La situación de la seguridad en el país ha experimentado cambios significativos en los últimos años, particularmente en el ámbito del fraude y la extorsión. De acuerdo con los datos más recientes, el fraude ha aumentado de 7,574 casos por cada 100,000 habitantes en 2024 a 8,290 en 2025, lo que representa un alarmante incremento del 9.4 por ciento. Por su parte, la extorsión también ha crecido, pasando de 5,791 a 6,831 casos, lo que equivale a un notable aumento del 14.4 por ciento.

Estas dos modalidades delictivas ahora constituyen el 43.9 por ciento de todos los delitos reportados en 2025, destacándose como las principales preocupaciones en el entorno de la seguridad pública. Esta realidad ha llevado a que en 27 estados del país, el fraude sea considerado el delito más frecuente, mientras que en tres estados, la extorsión ocupa este lugar, dejando el robo o asalto en vía pública en una posición minoritaria en solo dos estados.

Adrián Franco, vicepresidente del Inegi, ha señalado que estamos ante una reconfiguración de la actividad delictiva en el país. La transformación en el paisaje delictivo ha llevado a las autoridades a reconsiderar sus enfoques en políticas públicas y estrategias de seguridad. En respuesta a esta situación, el Gobierno federal ha puesto en marcha una estrategia nacional que incluye la promulgación de una nueva ley contra la extorsión.

Una de las consecuencias más destacadas de esta reconfiguración ha sido una disminución en la violencia asociada a la comisión de delitos. Según los datos, entre 2024 y 2025, se registró una notable disminución del 19 por ciento en el uso de armas de fuego en la perpetración de crímenes. Esto sugiere que, aunque el fraude y la extorsión han aumentado, los delincuentes parecen optar por métodos menos violentos para llevar a cabo sus actividades ilícitas.

Con estos cambios en el comportamiento delictivo, queda claro que las autoridades deben adaptarse a esta nueva realidad, diseñando políticas que respondan adecuadamente a las necesidades de la ciudadanía y busquen reducir la victimización en todas sus formas. El desafío es considerable, pero la evolución en las tasas de criminalidad puede servir como un llamado a la acción para mejorar la seguridad y la justicia en el país.

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