Disney ha sido objeto de atención mediática tras un fallo de la FTC, donde se establece que la compañía deberá pagar un total de $10 millones debido a la supuesta incorrecta clasificación de videos en YouTube, lo que permitió la recopilación de datos personales de niños sin la debida notificación a sus padres o el consentimiento correspondiente. Este anuncio se realizó el martes y marca un hito significativo en el ámbito de la protección de la privacidad infantil.
Según la queja presentada en un tribunal de distrito de EE. UU., Disney subió contenido a YouTube en canales que, de manera predeterminada, no estaban etiquetados como “Hecho para niños”, a pesar de que los videos eran destinados a una audiencia juvenil. Esta clasificación errónea resultó en la recopilación de más datos de los permitidos y en la explotación de esa información para publicidad dirigida a menores de 13 años. Las acciones de la compañía supuestamente violaron la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea (COPPA).
Un portavoz de Disney declaró que apoyar el bienestar de los niños y las familias es esencial para la compañía y puntualizó que este acuerdo no se extiende a las plataformas digitales de Disney, sino que se limita a su contenido distribuido en YouTube. Disney aseguró su compromiso con el cumplimiento de las leyes de privacidad infantil y ha prometido establecer un programa de revisión sobre la correcta clasificación de sus videos, incluyendo la obligación de notificar a los padres y obtener su consentimiento para aquellos que no son específicos para niños.
El asunto no se detiene en Disney. La FTC también ha tomado acciones contra Apitor Technology, un fabricante de juguetes, y ha impuesto una multa de $500,000 por la recolección de datos geolocalizados de niños a través de una aplicación de terceros en China.
Desde la promulgación de COPPA en 1998, la evolución tecnológica ha transformado el panorama digital, pero las expectativas de los reguladores sobre el cumplimiento continúan creciendo. Cobun Zweifel-Keegan, director de una organización sin fines de lucro especializada en privacidad, enfatiza que cualquier empresa que interactúe con menores necesita invertir en recursos y conocimientos internos para cumplir con estas normativas cambiantes.
El cumplimiento de las regulaciones federales y estatales representa un considerable desafío para las empresas, ya que, aunque se estén implementando más protecciones para los consumidores y las familias, también aumenta la carga para los equipos de privacidad. Esto pone de manifiesto que hasta las empresas más grandes pueden caer en el incumplimiento, un tema que ya había afectado a Disney en el pasado, cuando en 2011 la compañía pagó una multa de $3 millones por sanciones similares relacionadas con su servicio de red social Playdom.
Estos incidentes resaltan la necesidad de un escrutinio y una regulación más estrictos sobre la publicidad dirigida a menores. Con la llegada de nuevas legislaciones que buscan proteger a los niños de los peligros en línea, resulta evidente que las multas no son suficientes para disuadir a grandes corporaciones de incumplir, dado que las consideran meramente un costo operativo. La creciente preocupación por el uso de inteligencia artificial y spyware subraya la urgencia de abordar estas cuestiones con una mayor seriedad.
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