El uso de drones en actividades ilícitas ha cobrado fuerza en México, evidenciado por un notable aumento en el aseguramiento de estos aparatos por parte de las fuerzas federales. Según datos recientes, desde 2019 hasta junio de 2026, se han confiscado un total de 234 drones, siendo 2025 el año donde se registró un repunte significativo. En ese año, las autoridades lograron retirar de circulación 139 drones, cifra que supera en más de once veces los 12 asegurados en 2024.
Los informes detallan que, hasta la fecha, Sinaloa se posiciona como el estado con más confiscaciones, totalizando 63 drones. Este fenómeno se ha concentrado notablemente en municipios como Badiraguato y Culiacán, donde se llevaron a cabo operativos concretos. Michoacán y Tamaulipas siguen a Sinaloa, con 53 y 36 drones asegurados, respectivamente, acumulando juntos más del 65% de los casos desde 2018.
El panorama se ha mantenido activo en 2026, donde ya se han confiscado 46 drones en menos de seis meses, cantidad que se aproxima a la total de todo el año anterior. Esto subraya una preocupación creciente, dado que los drones se han convertido en herramientas versátiles para los grupos del crimen organizado: se utilizan para vigilar operaciones de seguridad, transportar estupefacientes y, alarmantemente, incluso para lanzar explosivos.
Una reunión clave en este contexto se llevó a cabo el 11 de agosto de 2026 entre el comandante del Ejército Mexicano, Héctor Ávila Alcocer, y el secretario del Ejército de Estados Unidos, Patrick Driscoll. Este encuentro culminó en la firma de una “Declaración de Intención” que facilitará el acceso de México a tecnología de sistemas aéreos no tripulados y a equipos para contrarrestarlos, reflejando un esfuerzo por parte de ambos países para combatIR esta problemática que no sólo afecta la seguridad nacional, sino que trasciende fronteras.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no solo ha actuado mediante aseguramientos, sino que también ha invertido en tecnología destinada a detectar y neutralizar drones. Un contrato formalizado en septiembre de 2021 busca adquirir sistemas antidrones como el Dronelander K32, diseñado para interferir en las señales utilizadas por aeronaves no tripuladas.
Este uso creciente de drones por parte de organizaciones delictivas ha llevado a situaciones críticas, como los recientes ataques denunciados por habitantes en Guerrero, donde se reportaron enfrentamientos con grupos criminales utilizando drones y armas de fuego. Entre los implicados se menciona a “Los Ardillos”, un grupo con un historial de actividades ilícitas y la capacidad de controlar economías locales.
La crisis provocada por el uso indebido de drones así como el esfuerzo por parte de las fuerzas federales para mitigar estos actos delictivos pone de manifiesto la complejidad de la situación de seguridad en el país. Con estos datos y tendencias, se hace evidente que la lucha contra el crimen organizado en México debe adaptarse rápidamente a las nuevas tecnologías que están surgiendo en el panorama delictivo.
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